La aprobación en agosto de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, más conocida como “ley madre”, desató, sin duda, una ola de protestas en las calles de Bolivia que ha puesto en una encrucijada al Gobierno de Luis Arce.
Esta ley, sumada a otra que iba en el mismo sentido y fue dada de baja por el Gobierno (la 218), ha sido calificada como “maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado a que apunta a controlar los bienes de las personas bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.
Distintos sectores temen que la normativa sea instrumentalizada para incautarse de bienes y de propiedades a la sola sospecha de que son ilícitos, sin cumplir previamente el derecho constitucional al debido proceso o respetar el principio de inocencia.
Algunas de las organizaciones que convocaron al paro nacional que empezó el lunes pasado consideran que la “ley madre” es una copia del modelo venezolano, que apunta a un duro control estatal de los ciudadanos y a la persecución judicial de los adversarios políticos con el pretexto de la búsqueda de transparencia y la lucha contra la corrupción.
La norma es cuestionada por juristas, que consideran que se otorga demasiado poder a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Procuraduría y al Ministerio de Justicia, con fuerte afectación a la privacidad de las personas.
Hay artículos que levantan secretos profesionales y financieros, además de autorizar allanamientos, embargos de bienes y otras acciones, sin contar siquiera con autorizaciones judiciales.
Inesperadamente el rechazo a la “ley madre” proviene principalmente de sectores que apoyaron antes al gobierno del MAS, como son los gremialistas, los transportistas y, últimamente, los mineros cooperativistas.
Los empresarios también lanzaron el alerta y los cívicos decidieron respaldar las protestas mediante un paro, al considerar que el Gobierno apunta a la “venezolanización” de Bolivia.
Incluso hay organizaciones profesionales, como las de los abogados y los periodistas, que se sumaron a los cuestionamientos por afectar el secreto profesional. Iglesias y otras entidades de la sociedad civil también rechazan la nueva normativa.
“Modificaciones por decreto”
Uno de los artículos más polémicos es el que señala que la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.
Según las plataformas ciudadanas y los diferentes gremios, ese artículo da potestad al Gobierno de Luis Arce para que pueda hacer modificaciones por decreto y sin pasar por el Legislativo.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) afirmó que la ley 1386 pretende “imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil”.
“El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”, añadió.
Luis Arce pidió a sus bases que se levanten contra la huelga que paraliza al país
El presidente de Bolivia, Luis Arce, endureció su discurso y pidió a sus bases que se levanten contra el paro general. El mandatario dijo este miércoles que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra la polémica ley son en realidad un “pretexto” para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019 que dice fue un “golpe de Estado”.
En una reunión con campesinos en La Paz, Arce señaló que la derecha “engaña” y “miente” porque “no tiene argumentos” y que lo que busca en realidad es “la impunidad de lo que ha pasado en el 2019 con el golpe de Estado”.
Arce advirtió que en caso de anular la ley, como exigen las movilizaciones que llevan ya tres jornadas de paro indefinido, los opositores “van a buscar” otra ley para observar y “todo van a cuestionar”.
El jefe de Estado insistió en que “lo que preocupa (a los opositores) es que avancen sus juicios” a pesar de la lentitud de la justicia del país.
Justamente el caso llamado “golpe de Estado” abierto por una denuncia de la ex diputada oficialista Lidia Patty por cargos de terrorismo, sedición y conspiración por los sucesos de 2019 no ha avanzado en cuanto a los principales acusados.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, son los principales denunciados sobre los que la Fiscalía no ha tomado acciones a diferencia de la ex presidenta interina Jeanine Áñez, dos de sus ex ministros y ex jefes militares y policiales que están detenidos y son procesados.
