El juez Douglas Borda, Sexto de Instrucción en lo Penal de La Paz, determinó declararse competente para abordar el proceso por sedición contra el líder cívico cruceño Rómulo Calvo por sedición y otros delitos, a pesar de que la defensa había impugnado su competencia porque los hechos denunciados se registraron en Santa Cruz.
La información fue proporcionada por el abogado de Calvo, Jorge Valda, quien indicó que la defensa ha apelado la decisión del juez y espera que un tribunal de alzada asuma una determinación.
Calvo fue denunciado por un denominado “Comité Impulsor de Justicia” que lo acusó por el paro multisectorial, que Calvo apoyó en contra de leyes aprobadas por el MAS.
La defensa del cívico pidió que se respeta la jurisdicción natural que sería Santa Cruz, sin embargo, el juez de La Paz se declaró competente, teniendo entre sus argumentos el Decreto 138, el cual fija a La Paz como sede para los procesos por delitos como sedición y terrorismo, según explicó Valda.
El abogado del cívico consideró incongruente la decisión del juez paceño. Rechazó que se recurra nuevamente a un Decreto emitido por Evo Morales, un mes después del operativo en el Hotel Las Américas, y con el cual se desarrolló en La Paz el proceso por el caso terrorismo contra personalidades representativas cruceñas.
También rechazó que actos de protesta y reivindicación que impulsó Calvo sean considerados como sedición.
Valda señaló que con esta decisión se está convirtiendo a La Paz en el lugar para los procesos de persecución política.
Observó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya admitió la petición de un implicado en el caso terrorismo, Juan Carlos Santistevan, y que dicha causa también comprende la vulneración al procesamiento ante juez natural.
El jurista reveló también que el “Comité Impulsor de Justicia” que denunció a Calvo, amplió a su querella los delitos de terrorismo, separatismo y racismo.
Afirmó que el país está en el peor momento de la instrumentalización de la justicia y la persecución.
