El exembajador de Ciencia y Tecnología del gobierno transitorio, Mohammed Mostajo, deberá declarar como testigo en el proceso civil contra Arturo Murillo y otros implicados que se desarrolla en Estados Unidos por el caso gases lacrimógenos, informó el procurador Wilfredo Chávez.
“Deben acordarse del famoso Mohammed Mostajo, él ha sido citado”, indicó Chávez en conferencia de prensa.
El Procurador precisó que la citación para Mostajo será para que comparezca el 1 de febrero. “Esperemos que brinde esta declaración”, agregó.
Mostajo fue involucrado en el país con hechos como el caso respiradores. En 2020 se supo que había salido de Bolivia hacia Estados Unidos.
Además de Mostajo, también se solicitó que declare el exsecretario de la expresidenta Jeanine Añez, Erick Foronda, aunque de éste no se tiene aún una fecha, detalló Chávez.
También se pidió que declaren otras personas que habrían participado del esquema de transferencias del dinero, emanado por el soborno en este caso.
En este proceso civil, que se desarrolla en EEUU, el Estado boliviano pretende la reparación de daños y que se devuelva el dinero, que presuntamente fue pagado por sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos y que habría sido transferido para sobornos en favor de Murillo y otros implicados.
Paralelamente se desarrolla un proceso penal en el país del norte, en el cual Murillo se encuentra detenido y espera su juicio para mayo. También hay otros cuatro implicados que se declararon culpables.
Chávez explicó que para el proceso civil están demandados los mismos que en la causa penal, pero también las empresas Bravo Tactical Solutions, que fue contratada para la provisión de los agentes químicos, y Condor que es la fabricante.
Indicó que el juicio civil tiene fecha para instalarse el 31 de octubre de este año.
Según el Procurador, los demandados han presentado recursos para que ser excluidos del caso, pero la justicia de EEUU ya rechazó la solicitud de la empresa Condor y se prevé que ocurra lo mismo con las otras mociones.
Expresó que, con los montos de fianza pagados en el caso penal, los bienes que se pongan a disposición judicial, más los 800 mil dólares que devolvió una empresa de Santa Cruz (ligada a uno de los acusados), se garantizaría que el Estado boliviano recupere el dinero del daño económico.
