El exministro de gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo Prijic, y el intermediario para la compra de gases, Philip Lichtenfeld G., son imputados de manera formal por la adquisición irregular de agentes químicos en 2019, acusados de legitimación de ganancias ilícitas, informó este jueves el Ministerio Público.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que ambos estarían involucrados en legitimar recursos del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, por parte de la empresa Bravo Tactical Solutions.
“Estamos esperando el señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional quien, en el marco de sus funciones, nos hará conocer día y hora de audiencia, donde, además, se solicitará la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro, toda vez que se notificó los actos investigativos mediante edictos, con el fin de precautelar sus derechos y garantías constitucionales”, dijo Alave, citado en un reporte institucional.
El fiscal anticorrupción, Eddy Flores, explicó que según un reporte rápido financiero y patrimonial de la Unidad de Investigaciones Forenses y el informe financiero de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Murillo habría obtenido cuentas bancarias y cuatro cajas fuertes, en las que se realizó movimientos bancarios “sospechosos de altas sumas” de dinero.
“Existiría un depósito por parte de un funcionario policial Víctor G.A., por presunta instrucción de Carlos B.P., oficial de seguridad y ayudante personal del exministro, por un monto de 100.000 bolivianos, entre otros depósitos que habría realizado Daniel L.A.P, cuñado de Murillo”, explicó Flores.
Según la investigación, el cuñado de Murillo, Daniel L.A.P., “ingresó a las bóvedas de una entidad financiera en la ciudad de Cochabamba, en cuatro oportunidades, entre noviembre de 2020 y abril de 2021, para presuntamente extraer dinero y objetos de la caja fuerte”, cuando el exministro de Gobierno se encontraba fuera del país.
En tanto, Philip L.G. habría sobornado al exministro y otros funcionarios públicos para concretar la venta de los gases lacrimógenos.
Además, este imputado es socio mayoritario de la empresa “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, que registra cinco depósitos bancarios sospechosos de los cuales dos son de la empresa Bravo Tactical Solutions, que se presume sean recursos del daño económico causado al Estado en la compra de los gases lacrimógenos.
La Fiscalía de La Paz también amplió la investigación contra otros 11 involucrados del entorno familiar y laboral de Murillo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Murillo fue exministro y hombre fuerte de Áñez, ahora está detenido en la prisión federal de Miami desde mayo de 2021, acusado por el Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos de lavado de dinero y recibir sobornos.
Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para cometer un delito de soborno internacional. En junio fue sentenciado por un juez de Florida a dos años y dos meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y el trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas.
