Junto a un grupo de al menos una treintena de personas, que conformaban un grupo de choque contra los ciudadanos movilizados por la pronta realización del Censo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, junto al concejal por el Movimiento Al Socialismo, José Quirós, iniciaron desde la media noche los «trabajos de desbloqueo».
Las autoridades, ambos de origen cochabambino, aseguran que no permitirán movilizaciones en Santa Cruz que «perjudique el trabajo de su pueblo».
Montaño incluso aseguró que utilizarán maquinaria pesada para desbloquear y que no descartan pedir la detención de los ciudadanos que estén movilizados, pese a que la protesta está avalada por la Constitución Política del Estado.
Por su parte Quirós, que además es representante de los residentes cochabambinos en Santa Cruz y es dirigente de micros, dijo que se aseguraría de que el transporte público transite con total tranquilidad.
Muchos ciudadanos que estaban en las inmediaciones de la Doble Via a la Guardia dónde se reunió el grupo de choque con el Ministro y el Concejal cuestionaron la actitud tanto de las autoridades como de las personas afines al MAS.
«Si dicen que quieren trabajar, pero también dicen que van a estar desbloqueando las dos jornadas de paro, entonces ¿su trabajo es desbloquear?, ¿Los contrataron para desbloquear? O ¿que pasa con esta gente? Porque si yo pido trabajar pero lo único que hago es estar en la calle buscando problemas quiere decir que los contrataron solo para eso y hay que ver quién los contrato» afirmó una mujer que estaba por la zona.
«Los primeros que deben estar trabajando y no buscando enfrentamientos son ese ministro y ese concejal, pero en vez de eso están buscando conflictos. A ellos hay que denunciarlos por flojos y no trabajar, si quieren hacerlo que hacen aquí armando gente y pagando maleantes para intentar ir a estropear a los ciudadanos que exigen que se realice un Censo como se debe, cumpliendo la ley y no como ellos les da la gana» afirmó otro ciudadano. A
El paro de 48 horas se cumple como medida de presión para que el Gobierno Nacional realice el Censo de Población y vivienda el 2023 y no el 2024 como lo determinó.
