A pesar de que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se declaró culpable por los delitos de soborno y lavado de dinero en procesos que enfrenta en Estados Unidos, el diputado Juan José Jáuregui (MAS-IPSP) señaló que el Estado boliviano continuará con las investigaciones por los delitos de lesa humanidad que perpetró en las masacres de Senkata y Sacaba, el 2019.
Una vez que concluya la sentencia, la exautoridad de facto tendrá que ser extraditado a Bolivia.
“Existen delitos de lesa humanidad que fueron cometidos por esta autoridad (Murillo) y en consecuencia debe proceder la investigación. Los procesos investigativos en el Estado boliviano no tienen por qué detenerse en su tramitación, habida cuenta que se están cumpliendo todos los procedimientos y, además, existen una serie de ilícitos que están siendo sujetos de investigación”, afirmó, cita un deporte de la Cámara de Diputados.
El exministro Murillo escapó del país luego de que se recuperó la democracia en las elecciones de octubre de 2020. A finales de mayo de 2021, fue detenido en Miami, Estados Unidos, acusado por los delitos de lavado de dinero y soborno provenientes de la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios, que, se presume, utilizó en las masacres de Senkata y Sacaba.
Días antes de que Murillo fuera detenido, sus cómplices Sergio Méndez, jefe de gabinete de su despacho, Luis Berkman, Bryan Berkman, dueños de la empresa que entregó el material, y Philip Lichtenfeld fueron aprehendidos acusados por los mismos delitos. Se declararon culpables en septiembre del 2021.
La semana pasada, el Estado boliviano formalizó la solicitud de extradición de la exautoridad de facto ante el gobierno del país del Norte, según confirmó el canciller Rogelio Mayta.
Jáuregui explicó que Murillo debe cumplir su condena para luego ser extraditado a Bolivia y responder por las ejecuciones sumarias durante los once meses del gobierno dictatorial.
“Una vez que concluya su sentencia está habilitada la posibilidad que pueda concluir su proceso de extradición. Esto no quiere decir que no se tenga que proseguir con los actos investigativos en contra del resto de los miembros del ´gabinete de la muerte´ que emitió el Decreto Supremo autorizando a las Fuerzas Armadas abrir fuego en contra del pueblo”, dijo.
