Arturo Murillo Prijic, el preso número 02358-506 del Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, se presentará en audiencia el jueves 20 de octubre para declararse culpable ante la justicia estadounidense por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero.
La Procuraduría General del Estado informó en su momento que el próximo jueves el encargado de la seguridad interna del país y segunda autoridad en importancia del gobierno de facto de Jeanine Áñez asumirá su culpabilidad por ambos delitos que están vinculados al caso de la compra de material antidisturbios durante el gobierno de la ahora sentenciada a 10 años de prisión en Bolivia.
El procurador Wilfredo Chávez explicó el pasado 6 de octubre que, con esa decisión, Murillo no se someterá a un juicio con jurados, en el distrito judicial del sur de la Florida, y que podría recibir una sentencia de seis años de cárcel.
La justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad.
Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.
La autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de 75.000 dólares y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Arturo Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Áñez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición.
En ese marco, el daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.
De estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.
Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Áñez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.
Juicio
La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2020 un informe que recomienda juicio de responsabilidades a la mandataria inconstitucional y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
El juicio de responsabilidades incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).
Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba, Cochabamba; Senkata, La Paz y Yapacaní , Santa Cruz.
Áñez y su primer gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales a los militares, que luego de los operativos combinados fue abrogado.
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la presidencia del Estado y que dejaron al menos 36 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
