La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó este miércoles que la demanda arbitral presentada por Soboce, el Consorcio Cementero del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia S.A. y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. fue resuelta a favor de Bolivia.
En días pasados, la Procuraduría recibió el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones de la demanda contra el Estado, por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.
“El 27 de noviembre fuimos notificados con una decisión arbitral del caso CPA 2020-47 (…), este laudo tiene un carácter definitivo, es una victoria, es un fallo favorable para el Estado boliviano”, afirmó el procurador, César Siles, en conferencia de prensa.
Tras dicho fallo se registró una “nueva victoria jurídica internacional” para el Estado boliviano, aseveró esta institución.
Siles explicó que esta demanda emergió por “una posible controversia a decir del convenio entre Perú y Bolivia, sobre promoción y protección recíproca de inversiones suscrita el 30 de julio de 1993, convenio que fue reclamado como incumplido”, por las empresas cementeras.
La cementera Soboce y sus asociadas activaron la cláusula arbitral del convenio entre Bolivia y Perú sobre la promoción y protección recíproca de inversiones; por ello, demandó una indemnización de $us 269,4 millones.
Sin embargo, el Estado boliviano rechazó la alegación de las demandantes y presentó un escrito de «Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación», alegando falta de jurisdicción.
Fue hasta el lunes 27 de noviembre que se admitió la objeción ‘ratione voluntatis’ (por motivo de la voluntad), presentada por Bolivia.
