El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Gustavo Adrianzén, cuestionó este sábado el comunicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó sobre la reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Consideramos que el presente comunicado carece de un contenido informativo imparcial y objetivo y, más bien, refleja una perspectiva de parte en los casos mencionados”, señaló inicialmente en el mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Seguidamente, enfatizó que la CIDH “tiene el deber de exponer sus argumentos ante la Corte IDH, utilizando los mecanismos procesales debidamente establecidos”.
Por ello, alegó que la comisión no debería “recurrir a comunicados de prensa que indebidamente mediatizan un proceso que sólo debe ventilarse ante la referida instancia jurisdiccional”. “El Estado peruano se reserva el derecho de expresar esta situación ante la Corte IDH”, cerraron en clara respuesta a lo que señaló la CIDH.
Como se sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió pronunciarse sobre la orden del Tribunal Constitucional, que fue acatada por el Ejecutivo, para que Fujimori salga del penal de Barbadillo cuando aún le faltaba nueve años para que termine su condena por crímenes de lesa humanidad que cometió durante su dictadura en los noventa.
En una nota publicada en su página web, la CIDH consideró que la excarcelación de Fujimori se hizo “contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Esta última parte hace referencia a la exhortación emitida en marzo del año pasado al entonces gobierno de Pedro Castillo.
“En 2022, la Corte IDH ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplieron las condiciones determinadas en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, se indica.
Además, en una parte de su comunicado le recordó al régimen de Dina Boluarte que “el Estado peruano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH”.
“Por ello, está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales”, agregan.
Finalmente, la CIDH hizo un llamado enérgico al Estado para que a tome “medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad”.
