El vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, solicitó al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, cumplir la sentencia constitucional 1021/2023 y posesionarlo como gobernador en suplencia de Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro. Desde Creemos, alianza de Camacho, rechazaron la petición y lo amenazaron con procesos, incluso le sugirieron renunciar.
“Solicito a su autoridad se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional antes referida y se tomen las previsiones necesarias, con el fin de evitar una posible responsabilidad penal, que podría conllevar el omitir un mandato constitucional”, establece parte del contenido de la misiva enviada por Aguilera a Matkovic.
En la misiva, también le hace conocer que fue notificado con la sentencia constitucional 1021/2023-S4 el viernes 29 de diciembre de 2023, a las 18h17.
Con ese dictamen, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada, en revisión, resolvió “CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 23 de febrero, cursante a fs. 1858 vta. a 1864 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento de los arts. 286.1 de la Constitución Política del Estado; 25. | del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y 10.1 de la Ley Departamental 284 de Santa Cruz”.
En esa dirección, ordenó “que el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y el Vicegobernador del mismo departamento hoy demandados- en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales antes referidos-, promuevan la suplencia temporal mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho Vaca, quien cumple medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz”.
En consecuencia, dispuso que el Vicegobernador asuma “inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, para lo cual Matkovic debe “promover y posesionar la suplencia legal mientras dure el impedimento del Gobernador titular”.
Desde la Gobernación cruceña y la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Departamental descartaron el cumplimiento de la sentencia.
Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, y la asambleísta Paola Aguirre, parte del círculo de confianza de Camacho, coincidieron en argumentar que la sentencia es de “imposible cumplimiento”, porque el TCP no tomó en cuenta la Ley departamental 293 que regula la ausencia temporal del gobernador.
“El gobernador no está impedido de ejercer el cargo, desde lo formal y lo real”, respondió Suárez al momento de esgrimir datos sobre la ejecución presupuestaria de la Gobernación del 90,31%, como uno de los logros alcanzados por Camacho a pesar de su detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro por su participación en el golpe de Estado de 2019.
Luego de calificar el fallo de un “golpe a la democracia”, Aguirre demandó a la Asamblea Legislativa Departamental cumplir la Ley 293 y no posesionar a Aguilera como gobernador.
“Si la Asamblea Legislativa Departamental posesiona al vicegobernador, estará yendo en contra de la ley y eso es un delito”, advirtió.
A Suárez lo secundó el diputado de Creemos Erwin Bazán, quien, además de descalificar a Aguilera, le dijo que deje de mandar “cartitas” “vergonzosas” a Matkovic, que respete la Ley 293 y el Estatuto; e incluso le sugirió renunciar.
“Lo digo más clarito: tenga un poquito de dignidad. Usted (Aguilera) debería ser el primero en ir a Chonchocoro y decirle al gobernador: señor gobernador, como cruceño, como alguien que le llamaba hermano – así le llamaba, ¿no? – voy a defender el Estatuto Autonómico, y usted es y seguirá siendo el gobernador de Santa Cruz, y yo no le voy a seguir el juego al MAS, antes bien prefiero renunciar, antes que sea el MAS el que decida quién es el gobernador de Santa Cruz”, le sugirió Bazán.
Al respecto, el dirigente del MAS-IPSP de Santa Cruz Marcos Fernández recordó que el TCP es la máxima instancia de control constitucional, por lo que se deben cumplir y respetar sus sentencias.
