El Ampliado Extraordinario del Pacto de Unidad determinó este viernes declararse en estado de emergencia por los intereses de Evo Morales y sus seguidores de socavar la democracia, y advirtió con pedir la renuncia de los legisladores de no aprobar las leyes sociales y económicas bloqueadas en el Legislativo.
Se trata de 2 de 10 determinaciones asumidas por las organizaciones sociales reunidas en la ciudad de El Alto. El presidente Luis Arce y varios ministros de Estado participaron del encuentro convocado en defensa de la democracia y la economía.
“El Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones sociales nos declaramos en estado de emergencia permanente, ante las amenazas de convulsionar el país promovida por el evismo que tanto daño le hace a nuestro pueblo boliviano”, refiere el tercer punto de la resolución.
En esa línea, aseguraron que se defenderá la “democracia ante los planes de Evo Morales que pretende dar un golpe de Estado, intentando pisotear nuestra Constitución Política del Estado”, con el único fin de forzar su nueva postulación a la Presidencia, a pesar de que la Constitución y una sentencia constitucional se lo impiden.
Precisamente con ese objetivo, Morales impulsó una marcha de siete días de Caracollo, Oruro, a La Paz, y amenazó con un bloqueo nacional de caminos desde el 30 de septiembre, que fue suspendido.
Estas protestas – denunció- estaban “orientadas a debilitar y desestabilizar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia liderado por nuestro hermano presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca, elegidos democráticamente”.
En efecto, el 23 de septiembre, durante un mitin en La Paz, el expresidente dio un ultimátum a Arce para que cambie a sus ministros en 24 horas, “si quiere seguir gobernando”, aunque el martes matizó su amenaza: “dijimos cambie ministros para mejorar la gestión, no estamos diciendo fuera Lucho”.
Sin embargo, sus voceros son más directos en sus amenazas, entre ellos el dirigente campesino Ponciano Santos, quien plantea abiertamente la exigencia de renuncia de Arce.
En el ampliado, las organizaciones sociales también condenaron y repudiaron “el actuar de los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el bloqueo de las leyes que permitirán el desarrollo productivo de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”.
Advirtieron que si continúan con estas posturas los legisladores tendrán que renunciar y habilitar a los suplentes.
A la fecha, los contratos de préstamos suscritos y bloqueados en la Asamblea Legislativa alcanzan a 14 y suman $us 1.228.340.000.
Por otro lado, el Pacto de Unidad conminó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocer de “manera inmediata a la directiva de la Dirección Nacional del MAS — IPSP”, liderada por Grover García, quien fue elegido en el X Congreso del Instrumento Político, realizado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.
“Caso contrario tomaremos las acciones más drásticas que nos permite nuestros estatutos y reglamentos”, advirtió sin dar mayores detalles.
Además, las organizaciones sociales solicitaron realizar mayor control contra la especulación y agio de los productos de la canasta familiar y fortalecer la lucha contra el contrabando de combustible y alimentos.
De manera adicional, solicitaron la “evaluación inmediata de los Ministros, Viceministros, Directores y Gerentes para la reconducción efectiva” del Estado y “dar una pronta respuesta a nuestra población boliviana en el problema de la canasta familiar, la falta de combustible, la escasez de dólar y otros”.
Y condenaron “a todos los que están provocando los incendios en nuestro Estado Plurinacional” y exigieron al Gobierno nacional “la inmediata atención y redoblar los esfuerzos ante estos desastres naturales” que se combaten con miles de bomberos, el avión cisterna Electra Tanker T481, el Helicóptero Airbus BK117 D3 y un sistema de contenedores de agua denominados “Cajas Guardián”.
