La inhabilitación de la candidatura de Evo Morales no es una decisión del Ejecutivo, sino se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE) y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aclaró este viernes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Ratificó la predisposición del Gobierno nacional al diálogo sin condicionamientos.
“Lo más importante es el respeto a la decisión del pueblo boliviano y el Gobierno no es quien inhabilita a Evo Morales, tenemos una Constitución Política del Estado, que ha sido aprobada por los bolivianos y que tiene que respetarse”, dijo Alcón, sobre las intenciones del dirigente cocalero de habilitarse forzosamente como candidato para las elecciones presidenciales de 2025.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó su postura de que la reelección indefinida no está permitida en Bolivia y que no es un derecho humano, al declarar como “inadmisibles” tres denuncias por supuesta violación de derechos humanos interpuestas contra el Estado boliviano.
El primer principio es la Constitución Política del Estado, en su artículo 168 establece que el mandato tanto de la “presidenta o presidente como de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
Alcón recordó que también existen sentencias del Tribunal Constitucional que ratifican que no puede haber reelección continúa.
“La Constitución Política del Estado, aprobada por los bolivianos, es clara con relación a este tema, las sentencias que existen con relación también al mismo tema, los bolivianos hemos participado, los bolivianos hemos votado, hemos aceptado una Constitución», remarcó.
La Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada en diciembre del año pasado, establece que la reelección presidencial indefinida no existe y “no es un derecho humano”.
Asimismo, Alcón ratificó la predisposición de llevar adelante un diálogo sin condiciones para evitar poner en zozobra a la población ante constantes anuncios de bloqueos y movilizaciones de Evo Morales y sus seguidores.
«La predisposición del Gobierno a esas instancias se mantiene. Nosotros hemos dado muchas muestras de asistir a una convocatoria de diálogo cuando se ha invitado a través de la Defensoría del Pueblo de manera clara, abierta, sin condicionamientos, lo hemos hecho como Gobierno y el presidente (Luis Arce) en reiteradas oportunidades”, sostuvo.
Apuntó que los problemas del país se deben resolver en una mesa de diálogo y no en espacios de convulsión social.
“No necesitamos llevar al enfrentamiento, a la violencia, a la inestabilidad, a generar una mala imagen de nuestro país, a perjudicar al turismo, las actividades económicas, a la tranquilidad de la población, de los estudiantes, o sea hay que pensar en la población y esa es una muestra clara de que nos interesa el país”, dijo.
El jueves pasado, la delegación del ala evista abandonó la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo.
En tanto, ante las críticas de diferentes sectores y la población, Morales y sus seguidores suspendieron su anuncio de bloqueo nacional de caminos que debía iniciar el 30 de septiembre, como parte de sus acciones para forzar, principalmente, su candidatura a la presidencia.
