La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, solicitó que la presunta víctima en el caso que investiga al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, por trata y tráfico de personas, se presente a declarar. El caso, que ha estado bajo reserva, se refiere a las acusaciones de que Morales mantuvo una relación con una menor de edad y supuestamente tuvo un hijo con ella cuando la joven tenía 15 años.
Gutiérrez, en declaraciones ante los medios de comunicación en Tarija, informó que la fase de reserva del caso concluirá el próximo viernes 25 de octubre, y aseguró que se brindarán más detalles sobre el avance de las investigaciones el lunes 28 de octubre. «A pesar de las amenazas y amedrentamientos que hemos tenido, de obstruir esa investigación, se está avanzando», afirmó la fiscal, haciendo referencia a las dificultades y presiones que ha enfrentado durante el proceso.
La fiscal dirigió un mensaje tanto a la supuesta víctima como a su madre, exhortándolas a presentarse ante la justicia. “Queremos que ella se apersone, nosotros le brindamos todas las garantías de la Constitución y las Leyes”, enfatizó Gutiérrez, asegurando que la investigación se desarrollará con total protección y confidencialidad para la denunciante.
Respuesta de la defensa
Por su parte, la madre de la presunta víctima, a través de su abogado, señaló que la joven se encuentra «a buen recaudo» y no se presentará a declarar debido a la falta de garantías para su seguridad. Esta declaración ha generado incertidumbre sobre la posibilidad de que la víctima colabore directamente en el proceso judicial que involucra al expresidente Evo Morales.
El caso ha generado gran polémica en Bolivia, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el contexto político que rodea a Morales. Las denuncias señalan que el líder del MAS habría tenido un hijo con la adolescente, lo cual ha derivado en la investigación por los delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas.
Investigación en medio de tensiones
El proceso judicial contra Morales ha estado marcado por tensiones y un ambiente de polarización política en el país. Las movilizaciones de seguidores de Morales, especialmente en Cochabamba, han incluido en sus demandas el cese de las investigaciones en su contra, lo que ha sido calificado por el gobierno de Luis Arce como un intento de obstruir la justicia.
El caso ha mantenido un bajo perfil debido a la reserva legal que fue impuesta, lo que ha impedido la divulgación de detalles específicos. Sin embargo, la fiscal Gutiérrez ha asegurado que, pese a las amenazas y los intentos de interferencia, la investigación comenzará su curso.
Contexto político y social
Las acusaciones contra Morales han avivado las divisiones dentro del MAS, con sectores que apoyan incondicionalmente al expresidente y otros que piden que se respeten los procesos judiciales. En este escenario, las protestas y bloqueos de los «evistas» han escalado, exigiendo la habilitación de Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2025, así como la paralización de las investigaciones en su contra.
El caso de trata y estupro agrava el ya complejo panorama político en Bolivia, donde la justicia se encuentra bajo presión en un ambiente de alta polarización. La resolución de este caso será clave tanto en el ámbito judicial como en el político, especialmente en la medida en que los líderes del MAS intentan consolidar su posición rumbo a las elecciones presidenciales.
Mientras tanto, la expectativa crece respecto a los avances que la Fiscalía pueda presentar una vez que finalice la fase de reserva, y la presión sobre la presunta víctima para que declare podría convertirse en un factor decisivo en el desarrollo del caso.
