El ministro de Justicia, César Siles, informó que el Gobierno ha solicitado formalmente información a las autoridades argentinas respecto a las denuncias que pesan sobre el expresidente Evo Morales en el país vecino. Morales, quien residió en Argentina entre 2019 y 2020 bajo asilo político, enfrenta acusaciones de presunto abuso de menores durante su estancia. En Bolivia, el exmandatario también está siendo investigado por la Fiscalía Departamental de Tarija por delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas.
“Estamos solicitando información a través de los canales diplomáticos para tener toda la documentación y asegurar que no haya impunidad en casos tan graves, independientemente de quiénes sean los implicados”, declaró Siles al medio Correo del Sur. La autoridad indicó que, en caso de que los delitos en Argentina y Bolivia sean conexos, ambos países podrían coordinar una investigación conjunta, basándose en el principio de cooperación jurídica internacional.
Las acusaciones contra Morales en Bolivia se centran en una relación que habría sostenido con una joven menor de edad, quien supuestamente quedó embarazada como resultado. Esta investigación se encuentra en curso, con procesos abiertos tanto en Tarija como en Cochabamba.
La situación en Argentina se volvió pública luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara que el gobierno de Javier Milei presentó una denuncia formal contra Morales. Según Bullrich, el expresidente boliviano habría convivido con cuatro adolescentes durante su estadía en Argentina, y esta información fue mantenida en reserva debido a las “tensiones y niveles de violencia” en Bolivia, en referencia a los bloqueos encabezados por sectores afines a Morales en las últimas semanas. La denuncia, que tiene dos semanas de judicialización, podría ampliarse con la cooperación entre ambos países.
A esta acusación se suma una denuncia de la Fundación Apolo, liderada por el legislador argentino Yamil Santoro, quien señala a Morales por presuntos delitos relacionados con trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores.
La cooperación entre Bolivia y Argentina podría intensificar las investigaciones y facilitar el intercambio de pruebas. Siles subrayó que el Gobierno boliviano está comprometido en avanzar en las indagaciones para que no haya impunidad en estos casos, en una situación que podría tener consecuencias legales tanto en Bolivia como en Argentina para el exmandatario.
