La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre los conflictos en Bolivia, dejando establecido que “los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta” y abogando por el diálogo para resolver los problemas sociales que, advirtió, tienen impactos en los derechos humanos y la gobernabilidad.
“El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, prevé el organismo internacional, junto a sus Relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
Hace un repaso de todo lo ocurrido en el bloqueo convocado y ejecutado por Evo Morales y sus afines, y que se prolongó por 24 días. Aunque estuvo centrado en Cochabamba, terminó aislando a Cochabamba e interrumpiendo el flujo de carga y comercio nacional entre oriente y occidente, e internacional.
En los intentos de desbloqueo los movilizados reaccionaron con violencia y dejaron decenas de policías heridos. “Los bloqueos han dificultado el tránsito de ambulancias; productos alimenticios básicos como arroz y harina, así como el acceso a servicios médicos y suministros esenciales, incluyendo cisternas de combustible”, refiere el informe.
Operativos de desbloqueo provocaron que los movilizados hieras y secuestren a policías y periodistas. Además, en el Chapare, se tomaron cuatro instalaciones militares y de rehenes a militares y personal civil. El viernes 1 de noviembre el Gobierno encaró un operativo sistemático de desbloqueo ante las millonarias pérdidas económicos y perjuicios a la población.
Al menos 47 personas aprehendidas en diferentes hechos de violencia en los desbloqueos fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.
“Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Asimismo, el Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares”, refieren los organismos internacionales.
Además, la CIDH y la REDESCA destacaron la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales.
“La CIDH observa con extrema preocupación la agudización de la conflictividad social. En el pasado reciente, en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia. El Estado debe observar sus obligaciones internacionales para prevenir la repetición de hechos del pasado. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos dirigidos a generar espacios de diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, en toda su pluralidad, con la participación de todos los sectores dentro del espectro político”, recomendó.
Sin embargo, destacó al menos siete convocatorias públicas del Gobierno al diálogo y llamó a “evitar el ahondamiento de la polarización, y contribuir a la gobernabilidad democrática”.
