Tras la promulgación de la ley que cesa a los magistrados “autoprorrogados” por parte de Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente interino de la Asamblea Legislativa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, expresó un enérgico rechazo, acusando a Rodríguez de actuar con multas políticas para beneficiario al expresidente Evo Morales.
Del Castillo calificó la decisión como un intento de “buscar la habilitación del señor Evo Morales (para las elecciones presidenciales de 2025) y garantizar su impunidad”. Según el ministro, la promulgación vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y tiene como consecuencia la anulación de más de 8.000 sentencias constitucionales.
“Una decisión sin validez jurídica”
El ministro cuestionó la legitimidad de las de Rodríguez, argumentando que “la sesión en la que se aprobaron esta ley nació muerta” debido a su nulidad decretada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Del Castillo también subrayó que el CPE no contempla la suplencia del vicepresidente dentro del territorio nacional. Por lo tanto, afirmó que Rodríguez no tenía la autoridad para asumir el rol de presidente de la Asamblea Legislativa en ausencia de Luis Arce y David Choquehuanca.
“Nos sentimos apenados por la decisión de Andrónico Rodríguez. Lo que ha hecho no tiene ningún tipo de validez jurídica y no causa efecto alguno”, enfatizó.
Tensiones políticas en el MAS
La promulgación de esta ley ha intensificado las divisiones internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), evidenciando la pugna entre el sector liderado por Evo Morales y el bloque leal al presidente Arce. Mientras Morales y sus aliados han respaldado la medida, el ala oficialista del MAS ha advertido sobre los riesgos legales y políticos de este acto.
El trasfondo de la ley antiprórroga
La ley promulgada establece que los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura cesan en sus funciones el 2 de enero de 2024. Aunque respaldada por sectores opositores y algunos legisladores del MAS, su aprobación en una sesión liderada por Rodríguez en junio fue declarada nula por el TCP.
El enfrentamiento entre los bloques políticos dentro del MAS y las declaraciones de figuras clave, como Del Castillo, reflejan un clima de creciente polarización política en Bolivia, con miras a las elecciones de 2025.
