El denominado «Cabildo Ciudadano», convocado por diversos sectores sociales y políticos ante la crítica situación política y económica del país, culminó en una serie de resoluciones que marcaron el rumbo de la lucha contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El evento, realizado a los pies del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, contó con la participación de miles de ciudadanos que ratificaron su firme postura de exigir la liberación de los «presos políticos», entre los que se incluye al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y plantearon una serie de demandas relacionadas con el manejo económico, la autonomía departamental y la transparencia electoral.
Una de las resoluciones más destacadas fue la convocatoria a un paro indefinido a partir del 17 de enero, si antes de esa fecha no se cumple con la liberación de Camacho y otros presos políticos. La propuesta fue presentada por el diputado de Creemos, Richard Ribera, quien planteó la siguiente consulta: «Si hasta el 16 de enero el gobernador y los presos políticos no son liberados, ¿están de acuerdo que a las 00:00 del 17 de enero nos convocamos en un paro indefinido?», a lo que los asistentes respondieron con un rotundo «Sí». Esta postura refleja la creciente tensión en el departamento y el rechazo a la administración del presidente Luis Arce.
Las demandas aprobadas en el cabildo fueron variadas y abarcaron múltiples ámbitos de la política nacional y departamental. Entre las consultas más relevantes estuvieron las siguientes:
- Responsabilidad en la gestión económica: Exigencia al gobierno central para que asuma seriedad en la administración económica y resuelva la crisis de los combustibles, reflejada en las largas filas para su compra.
- Nuevo censo poblacional: Rechazo al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la exigencia de un nuevo Censo de Población y Vivienda que garantice transparencia e idoneidad.
- Distribución equitativa de recursos: Petición para que, a partir de 2025, el presupuesto del Estado se distribuya de manera equitativa entre alcaldías, universidades y gobernaciones, reservando solo el 50% para el gobierno central.
- Defensa de la tierra y autonomía: Exigencia de desalojar asentamientos ilegales y que la gestión de tierras se realice a través de instituciones agrarias departamentales para fortalecer las autonomías.
- Padrón electoral confiable: Reclamaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la implementación de un padrón electoral transparente, seguro y confiable para las elecciones de 2025.
- Combate a los incendios: Solicitaron la promulgación de una ley específica para la prevención y lucha contra los incendios, para proteger el medio ambiente, flora y fauna.
- Anulación de la sigla del MAS: Demandaron la anulación de la sigla del Movimiento Al Socialismo, vinculándola al fraude electoral de 2019.
- Liberación de los presos políticos: Afirmaron el plazo hasta el 16 de enero de 2025 para la liberación del gobernador Camacho y demás detenidos políticos.
Cada uno de estos puntos fue aprobado por los presentes, que aclamaron la resolución de las consultas con gritos de «Aprobado». La jornada fue un claro reflejo del descontento creciente hacia el gobierno central y su manejo de la crisis nacional. Los organizadores, entre ellos el diputado Ribera y el vicerrector Reinerio Vargas, manifestaron su determinación de continuar con las protestas, con la fecha del 17 de enero como un hito decisivo para la futura movilización en el departamento de Santa Cruz.
Este «Cabildo Ciudadano» deja claro que la lucha por la autonomía departamental, la transparencia electoral y la liberación de los opositores políticos sigue siendo una prioridad para los sectores más críticos del gobierno de Luis Arce.
