En Argentina fue reabierto el proceso judicial contra Evo Morales por la denuncia de corrupción de menores a demanda de la Fundación Apolo, luego de haber sido archivada a finales del 2024, confirmó el abogado José Lucas Magioncalda, representante de la fundación.
“El expresidente Morales habría utilizado su condición de asilado para encubrir hechos aberrantes (…) Lo que ha hecho ahora la Cámara (Criminal y Correccional Federal) no solamente es dar vuelta a la decisión de archivar, ordenar al juez y al fiscal que investiguen, sino que también, y a pedido nuestro, nos ha incorporado como querellantes”, explicó en entrevista con DTV.
Entre las diligencias previstas, no se descarta citar a declarar a figuras políticas que estuvieron con el dirigente cocalero durante su estadía en el vecino país, entre ellas, el senador Leonardo Loza y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y otros.
En el 2024, Morales fue denunciado penalmente en el vecino país por delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su estadía como asilado entre 2019 y 2020.
“Creemos que es positiva la decisión que se ha tomado de reimpulsar esto que había quedado truncado injustamente, porque entendemos que había elementos como para abrir una investigación. (…) Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
La denuncia judicial contra el dirigente cocalero está sustentada en los “artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120” del Código Penal argentino, de acuerdo con el periódico Clarín, está respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas que citan esos casos.
Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana, por ejemplo, denunció que, durante sus visitas al expresidente en Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como «serviles» en la residencia del expresidente pagada por el anterior gobierno argentino.
Ponce también afirmó que Morales recibía «niñas como obsequios» de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos eran ampliamente conocido en sus círculos cercanos.
“Lo más importante que tenemos hoy es la declaración de la señora Ponce, que nosotros pedimos que sea contrastada con otras declaraciones, y que la justicia argentina tiene que solicitar, por ejemplo, las declaraciones de los funcionarios argentinos de aquel entonces que visitaron a Evo Morales, porque estaba en un asilo diplomático que en teoría debiera haber sido una medida humanitaria, pero era una medida política”, explicó abogado.
Además, recordó que Morales estaba custodiado por las fuerzas públicas en Argentina y ellos tienen que haber sabido quiénes ingresaban o salían o convivían en ese lujoso y amplio inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
“Nuestra idea es llegar al fondo, fundamentalmente porque las instituciones argentinas han sido puestas en ridículo, porque hay un expresidente de otro país que pide asilo y que utilizó el asilo para hacer política y que aparentemente lo habría utilizado para cometer ilícitos aberrantes y funcionarios argentinos que habrían mirado para otro lado”, añadió.
Morales también enfrenta similar denuncia en Bolivia, por haber mantenido siendo presidente una relación con una menor de 15 años, de la que nació una niña, según investigaciones fiscales. El expresidente se atrincheró desde noviembre de 2024 en el Chapare, para evitar su aprehensión a causa de la denuncia.
