El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se pronunció este jueves sobre el proceso electoral en curso, instando a que las elecciones generales previstas para agosto no se paralicen, a pesar de los recursos jurídicos presentados para frenar el calendario electoral. Alertó sobre la “fragilidad institucional” que atraviesa el país y la necesidad de preservar el orden democrático.
“El proceso electoral debe realizarse con todas las condiciones de integridad, competitividad, publicidad y transparencia”, manifestó Callisaya, remarcando que el derecho al voto y a elegir autoridades en condiciones equitativas constituye una garantía fundamental del sistema democrático.
En esa línea, señaló como legítimos los pedidos de sectores que reclaman una mayor inclusión, como los binomios con paridad de género y los pueblos indígenas que exigen representación directa en la Asamblea Legislativa.
“También es necesario afirmar el ambiente democrático y la sucesión democrática a la finalización de un periodo de gobierno. Es decir, las elecciones no se deben paralizar, debemos fortalecer el espacio de transición democrática”, expresó.
La declaración del Defensor del Pueblo se da en un contexto en el que se han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que podrían poner en pausa el proceso electoral. Entre ellos, destaca una Acción de Inconstitucionalidad abstracta promovida por representantes indígenas que reclaman su derecho a participar directamente en las elecciones.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento formal dirigido al TCP, en el que insta a actuar con “celeridad” y respetar el principio de preclusión en el calendario electoral.
“Subrayamos la importancia apremiante de que el TCP aborde con la mayor celeridad los recursos que se le han presentado, dada la sensibilidad e impacto que estas decisiones tienen en la coyuntura nacional”, señala el documento.
El pronunciamiento busca blindar el proceso democrático frente a eventuales maniobras jurídicas que podrían retrasar o alterar el curso natural de las elecciones presidenciales, que están previstas para el 17 de agosto.
