La crisis interna que atraviesa Unidad Cívica Solidaridad (UCS) continúa paralizando el normal funcionamiento del Concejo Municipal de Santa Cruz. Este viernes, tras varias semanas sin sesiones efectivas, la concejal Silvana Mucarzel logró instalar la plenaria prevista, pese al boicot de sus excolegas de bancada, afines al alcalde Jhonny Fernández.
La sesión fue presidida por Mucarzel, mientras que el concejal Israel Alcócer fue designado como secretario interino, debido a la inasistencia reiterada de Miguel Fernández, quien ha desacatado su rol argumentando que tanto Mucarzel como Alcócer ya no forman parte del órgano deliberativo, pese a que el Tribunal Electoral Departamental (TED) confirmó esta semana que ambos siguen siendo titulares hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronuncie sobre las impugnaciones a su destitución por “transfugio”.
“Después de tantos obstáculos y semanas de parálisis, logramos restituir el orden institucional. Y lo primero que quedó claro es por qué el alcalde quiere descabezar el Concejo: porque no quiere rendir cuentas”, sostuvo el concejal Alberto Vaca, apuntando directamente al Ejecutivo Municipal por la crisis que vive el Legislativo.
La situación refleja un quiebre evidente dentro de UCS, donde dos bloques se disputan el control político: uno alineado con el alcalde Fernández y otro que ha decidido ejercer sus funciones de manera independiente, amparándose en la normativa electoral.
El pasado jueves, Mucarzel ya había advertido que sus colegas podían ausentarse nuevamente como parte de una estrategia para frenar la reactivación del Concejo. Y así fue. Ante la ausencia de Miguel Fernández, el pleno optó por habilitar a Alcócer como secretario interino para dar continuidad al trabajo legislativo.
En anteriores sesiones, los intentos por reinstalar el Concejo derivaron incluso en enfrentamientos fuera del edificio, protagonizados por seguidores de ambos bandos de UCS, dejando en evidencia la fractura interna de un partido que hasta hace poco controlaba sin sobresaltos tanto el Ejecutivo como el Legislativo municipal.
Mientras tanto, los temas de fiscalización, normativas pendientes y el debate sobre el manejo de recursos públicos han quedado en segundo plano.
La institucionalidad del Concejo sigue rehén de una pugna política que, lejos de resolverse, amenaza con profundizarse si no hay un pronunciamiento inmediato del TSE.
