Luego de que la Policía Boliviana aprehendiera a 22 personas vinculadas a la caravana de sectores evistas que se dirigía a La Paz, la exsenadora y ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, salió al frente para minimizar los motivos de las detenciones. Aseguró que portar petardos, combustible y máscaras antigas no constituye prueba de delito alguno, pese a que las autoridades señalan que el transporte de estos elementos sin autorización representa un riesgo y está fuera de la normativa legal.
“Han intentado iniciarles procesos por tener combustible, por tener petardos y por tener máscaras antigas. Y eso no es prueba de ningún tipo de delitos. Esperamos que estos compañeros sean liberados inmediatamente”, declaró Salvatierra en un intento por restar gravedad al caso.
El jueves, durante un operativo policial en la carretera que une el trópico de Cochabamba con La Paz, fueron detenidas 22 personas por transportar bidones de combustible y otros materiales que las autoridades calificaron como de uso policial. “Las personas fueron aprehendidas ayer en flagrancia, transportando sin las autorizaciones correspondientes combustibles desde la región del trópico hacia la Sede de Gobierno”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa.
El hecho ha generado una nueva controversia en medio de las tensiones políticas que rodean a la candidatura del expresidente Evo Morales, quien, según confirmó Salvatierra, estuvo presente en la caravana, aunque evitó dar mayores detalles sobre su rol o los próximos pasos del bloque evista.
“Estamos a la espera de que se realice una reunión con nuestros máximos dirigentes del Pacto de Unidad, y a partir de eso se tomen las determinaciones”, agregó.
Pese a los riesgos que implica el transporte de materiales inflamables y de uso potencialmente peligroso en el marco de una movilización política, los sectores afines a Morales insisten en que se trata de una persecución y criminalización de la protesta. Tras su llegada a La Paz, denunciaron además la aprehensión del dirigente campesino Ponciano Santos y la presunta desaparición de varios marchistas, extremo que aún no ha sido verificado por las autoridades.
La defensa pública de los detenidos por parte de Salvatierra y otros voceros del MAS evista refleja una estrategia política que busca reducir la percepción de amenaza que representan ciertos elementos en las movilizaciones. No obstante, para el Gobierno, el hecho de que los marchistas transportaran combustible sin autorización y que algunos portaran máscaras y petardos es motivo suficiente para investigar el posible intento de alterar el orden público.
La tensión crece en medio de un proceso electoral marcado por la incertidumbre y la división dentro del oficialismo. Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo el uso de elementos que podrían ser peligrosos en contextos de protesta se relativiza desde ciertos sectores políticos, que reclaman libertad de expresión, pero eluden responsabilidades sobre las implicaciones de portar materiales inflamables o explosivos en una movilización masiva.
