El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra resolvió este miércoles remitir a la Comisión de Ética los informes contra los concejales Gabriela Garzón y Miguel Fernández, ambos representantes del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), por haberse ausentado durante dos meses de manera consecutiva a las sesiones y actividades legislativas.
La medida fue aprobada en el Pleno del Concejo y anunciada por su presidente, Israel Alcócer, quien cuestionó la falta de compromiso de ambos ediles. “No vienen a trabajar, no asisten a sus curules ni a las comisiones. Su accionar será evaluado por la Comisión de Ética”, sostuvo Alcócer.
Garzón y Fernández, afines al alcalde Jhonny Fernández, han desconocido a la actual directiva del Concejo, encabezada por Alcócer y la concejala Silvana Mucarzel, a quienes consideran destituidos desde la ruptura política que dejó al oficialismo sin mayoría en el ente deliberante. Sin embargo, Alcócer rechazó esos argumentos y aseguró que su gestión está plenamente respaldada por la legalidad. “Nosotros seguimos siendo concejales. No hay ninguna resolución del Tribunal Supremo Electoral que indique lo contrario”, remarcó.
Los informes contra los concejales ausentes fueron elaborados por el área administrativa del Concejo y reflejan la inasistencia reiterada a las sesiones plenarias y comisiones durante los últimos dos meses. Ahora serán evaluados por la Comisión de Ética, conformada por los concejales Israel Alcócer, Manuel Saavedra, José Quiroz y José Alberti, quienes deberán analizar si corresponde aplicar sanciones conforme al reglamento interno.
El conflicto refleja la fractura institucional que atraviesa el legislativo municipal desde mediados de 2023, cuando un bloque disidente de UCS —liderado por Alcócer y Mucarzel— tomó el control del Concejo con el apoyo de la oposición, debilitando políticamente al alcalde Jhonny Fernández.
Desde entonces, el escenario se ha caracterizado por la pugna de legitimidad entre ambos bloques y la parálisis legislativa en varias comisiones. La inasistencia de Garzón y Fernández se da en ese contexto, aunque sus detractores califican el comportamiento como una falta grave al deber público.
De comprobarse las ausencias injustificadas, la Comisión de Ética podría recomendar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta, en casos extremos, la pérdida del mandato. Entretanto, la directiva del Concejo reafirma su intención de mantener la institucionalidad y reactivar el trabajo legislativo pese a los boicots internos.
