El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una creciente presión política en medio del proceso hacia las elecciones generales del 17 de agosto. Este viernes, el vocal Francisco Vargas denunció que los miembros del TSE están siendo víctimas de amenazas directas, hostigamiento y actos intimidatorios que ponen en riesgo no solo su seguridad personal, sino también la transparencia y la integridad del proceso democrático.
“Se están divulgando direcciones y nombres de familiares de vocales, personas que no tienen nada que ver con la organización de las elecciones”, alertó Vargas en una conferencia de prensa. Denunció que este tipo de acciones vulneran derechos fundamentales como la privacidad y crean un ambiente hostil e incompatible con un proceso electoral libre y seguro.
Frente a este escenario, anunció que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el ejercicio independiente y seguro de sus funciones. “Por lo menos quien habla va a pedir nuevamente medidas cautelares. Consideramos que es necesario para poder ejercer sin ningún tipo de presión, amenaza o coacción nuestro trabajo”, afirmó.
ESCALADA DE AMENAZAS
Las advertencias del vocal Vargas coinciden con un episodio alarmante ocurrido en Cochabamba: la detonación de un artefacto explosivo en la vereda del domicilio de un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED). Según el informe preliminar, el hecho solo causó daños materiales. Sin embargo, la Policía activó una investigación y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, lo calificó como un acto delictivo que “ha cruzado de la amenaza a lo delictivo”, señalando que podría estar relacionado con el delito de terrorismo.
“Estas acciones son un desafío a todos los bolivianos (…) Pretenden generar zozobra, romper la institucionalidad y coaccionar a la autoridad electoral”, indicó Aguilera. La autoridad también apuntó a que las movilizaciones están siendo dirigidas desde el trópico de Cochabamba y vinculó a estructuras de las seis federaciones cocaleras con el financiamiento de estas protestas.
PRESIÓN DEL ALA EVISTA
La tensión se ha intensificado con las recientes declaraciones de dirigentes del bloque evista, quienes han incrementado el tono de sus amenazas. Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, advirtió que si el TSE no habilita a Evo Morales como candidato presidencial, se revelarán los nombres y direcciones de los familiares de vocales electorales. “Si no es a las buenas, va a ser a las malas”, afirmó Mamani, mencionando directamente a Óscar Hassenteufel, presidente en ejercicio del TSE, y al vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.
Desde el bloque ‘Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo’ (Evo Pueblo), el vocero Omar Arce intentó bajar la tensión y ofreció disculpas por las declaraciones. “La lucha de los movimientos sociales no es en contra de los familiares de las autoridades. Nuestra reivindicación no es personal, sino contra las políticas del Gobierno”, aseguró Arce, quien estuvo acompañado por la exdiputada Wilma Alanoca, actual precandidata a la vicepresidencia por ese bloque.
No obstante, reiteró la exigencia de liberar a 26 personas afines al evismo detenidas tras enfrentamientos con la Policía y sostuvo que las manifestaciones persistirán mientras no se inscriba la candidatura de Morales, inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que estableció la imposibilidad de reelección indefinida.
REACCIONES
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, fue enfático al señalar que el Ejecutivo garantizará la seguridad del proceso electoral. “Vamos a respetar el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades. Estamos trabajando para resguardar todo el proceso”, declaró, advirtiendo que las amenazas y presiones no serán toleradas.
Por su parte, el viceministro Aguilera también se refirió a la movilización de personas desde otras regiones con la aparente intención de “alterar la paz del país”. Aseguró que el Gobierno trabaja para evitar la escalada de violencia y preservar el orden público.
El vocal Francisco Vargas advirtió que más allá de cualquier postura política, las amenazas y coacciones ponen en riesgo el normal desarrollo de los comicios. “No se puede hablar de un proceso electoral legítimo si quienes lo organizan lo hacen bajo presión y miedo”, expresó.
