Una nueva denuncia sacude los cimientos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Pailón, revelando lo que parece ser un preocupante patrón de irregularidades, arbitrariedades y abuso de poder en manos de una funcionaria policial. La sargento Vaneza Q. M. está en el ojo del huracán, acusada de modificar documentos oficiales, alterar fechas de inspección y obstaculizar deliberadamente una investigación penal con un alto grado de parcialidad.
El caso, que ahora gana notoriedad pública, estalló luego de que Jacobo, Isaac y Johan E.K., implicados en un proceso por presunta violencia, presentaran una denuncia formal ante el director de la FELCV en Pailón, capitán Iván Torrez Illanes. Lo que describen no es un simple exceso de funciones, sino una conducta sistemática de manipulación institucional.
Según los denunciantes y sus abogados, la sargento Vaneza Q.M no solo habría actuado sin coordinación con el Ministerio Público –violando el principio de dirección funcional de las investigaciones penales–, sino que además habría alterado memoriales, cambiando fechas y emitiendo informes sin respaldo fiscal alguno. Se habla incluso de una posible usurpación de funciones y favoritismo descarado hacia la parte acusadora.
“Demuestra total parcialidad y favoritismo hacia la otra parte”, denuncian los afectados, señalando que incluso se habrían anulado diligencias realizadas por otros efectivos, simplemente porque no coincidían con las apreciaciones personales de la sargento Vaneza Q.M. En un acto que raya en lo inaudito, se asegura que utilizó recursos institucionales para obtener fotografías de sus propios camaradas con el fin de desacreditar sus actuaciones.
Pero eso no es todo. Los denunciantes aseguran ser víctimas de hostigamiento legal por parte de los abogados de la parte contraria, quienes –según ellos– actúan en abierta coordinación con la investigadora policial, lanzando amenazas e intentando torcer el curso del proceso penal.
Este nuevo escándalo pone en evidencia la fragilidad con la que se manejan documentos y procesos dentro de algunas unidades policiales, donde las garantías procesales pueden ser vulneradas a vista y paciencia de fiscales, jueces y mandos superiores. La pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo se permitirá que quienes deben investigar con objetividad terminen convertidos en actores de una justicia manipulada?
Las miradas ahora están puestas sobre el capitán Iván Torrez, quien deberá decidir si pone freno a esta cadena de supuestas irregularidades o si, como tantas veces ha sucedido, el caso terminará sepultado en el archivo de la impunidad.
