En el juzgado de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres Nº 4 de Cochabamba, se reinició la mañana de este miércoles el juicio contra los ex provinciales de la Compañía de Jesús, Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, por el presunto delito de encubrimiento en el caso de oficio contra Alfonso Pedrajas Moreno, autores y encubridores, por el delito de violación NNA, y abuso sexual.
“Esperamos que la justicia boliviana emita señales claras para el país y el mundo pues, aunque las instituciones eclesiales involucradas en estos delitos sean multinacionales, en Bolivia sus crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes, que se velará por el derecho preferente para salvaguardar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, aseguró el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores, citado en una nota de prensa institucional.
Este proceso, iniciado de oficio por el Ministerio Público, subsume los procesos acumulados instaurados por la Procuraduría General, por el Provincial Jesuita, Bernardo Mercado Vargas; el Ministerio de Educación y la ampliación solicitada por el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas del Ministerio de Justicia.
“El modus operandi de los provinciales jesuitas, de reubicar a los perpetradores y esconder los escándalos suscitados por repetidas denuncias, en vez de denunciarlos y apartarlos de los niños, provocó que los perpetradores siguieran abusando a cientos de niños, de manera sistemática, a lo largo de décadas, y con un sofisticado mecanismo de encubrimiento institucional”, apuntó, el vocero de la organización de sobrevivientes, Pedro Lima.
Será un juicio oral, contradictorio y continuo, con 18 víctimas denunciantes, 50 pruebas documentales diversas, 18 informes psicológicos, 33 otros elementos y declaraciones múltiples; más de 50 pruebas testificales, 25 evidencias materiales múltiples, además de prueba psicológica a una víctima denunciante y una pericia antropológica con prospectiva de género.
La parte conclusiva de la acusación fiscal señala: “… los delitos constitutivos del tipo penal que motivan la presente acusación se encuentran plenamente acreditados, siendo Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, responsables penalmente, por cuanto han ejecutado el ilícito personalmente (…) por lo que la Comisión de fiscales de Materia (…) en representación de la sociedad, acusan formalmente a Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, por el delito de encubrimiento (…) solicitando que, concluido el debate, se dicte sentencia condenatoria (…) imponiéndoles una pena de privación de libertad para esta clase de delitos en la cárcel pública de esta ciudad…”
La Comunidad Boliviana de sobrevivientes sistematizó también los casos de más depredadores jesuitas: Francesc Peris – Chesco, Carlos Villamil Olea – Vicu, Francisco Pifarré Clapés – Pifa, Jorge Vila Despujol, Luis Roma Padrosa, Luís Tó Gonzales, Antonio Gausset Capdevila, el Monseñor Alejandro Mestre y otros dos sacerdotes que abusaron en Charagua, cuyos casos están en verificación.
Los tres últimos provinciales jesuitas, Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado, tienen imputación formal, también por encubrimiento en el caso de monseñor Alejandro Mestre; aunque, para la organización de sobrevivientes, los diez últimos provinciales jesuitas encubrieron a sus hermanos abusadores.
