El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció este jueves que los avasalladores de tierras aprovechan el foco del escenario electoral para infringir la ley, ingresar ilegalmente a predios, atentar contra la propiedad privada y la integridad física de las personas.
“Esto (el avasallamiento) también obedece a este periodo electoral que nos toca enfrentar en el país. De alguna forma, como todas las miradas están en la segunda vuelta, esto está siendo aprovechado por estos grupos, que de alguna manera ponen en riesgo no solo la propiedad privada sino también la integridad de las personas”, explicó Ríos.
En menos de tres días, en el departamento de Santa Cruz se registraron dos tomas violentas e ilegales en tierras fiscales.
El primero se presentó en el municipio de Montero, en el predio Patujú, el 3 de octubre. Dos días después, en el municipio de Ascensión de Guarayos, en Río Negro (subdividido en zonas como El Cielo y JR), más de 150 personas armadas ingresaron a la fuerza, destruyeron un campamento y comenzaron a ocupar ilegalmente el lugar.
En ambos casos, los avasalladores agredieron a los propietarios, a los trabajadores y a la prensa.
“Ni bien se ha tomado conocimiento del primer avasallamiento, de manera inmediata, se desplazó un contingente policial (por aire y tierra) que permita no solo nuevamente retomar los predios avasallados, sino también que de igual manera se pueda identificar a los autores materiales de este tipo de hechos”, relató la autoridad.
En ese sentido, Ríos reiteró que el Gobierno nacional garantiza el derecho propietario sobre la tierra y advirtió que no permitirá avasallamientos.
“Nosotros tenemos que respetar la normativa y principalmente darle la seguridad jurídica a los productores en nuestro país, sean medianos, pequeños o grandes, sin ningún tipo de distinción, porque la ley no distingue entre grandes, pequeños u otros ciudadanos de primero y de segundo”, insistió.
En el caso del avasallamiento en el predio Patujú, el ministro de Gobierno indicó que fueron aprehendidas 12 personas y que la justicia determinó detención preventiva de 180 días.
“Se tienen identificados cuáles son los autores intelectuales como también materiales y a qué institución pertenecerían estos; no mencionaré la institución para no entorpecer las investigaciones”, manifestó.
El avasallamiento y el tráfico de tierras son delitos penales tipificados en la Ley 477, que establece sanciones de tres a ocho años de prisión para quienes ocupen ilegalmente tierras privadas o fiscales.
