El economista y exdirector de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, advirtió que el gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC) está estableciendo vínculos con sectores agroindustriales de Santa Cruz que, durante la campaña electoral, respaldaron la candidatura de Jorge Tuto Quiroga. Según el analista, esta orientación contradice la propuesta inicial del presidente Rodrigo Paz, quien planteó trabajar prioritariamente con sectores populares como gremiales y actores de la economía de base.
En una entrevista con el programa Hagamos Democracia, Colque afirmó que grupos de poder económico —conformados por terratenientes, agroindustriales, dueños de bancos y de importantes cadenas de comercialización de supermercados — han adquirido un protagonismo inesperado en la nueva administración.
Cuestionó especialmente la presencia de Mario Justiniano en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quien además ejerce como interino en Desarrollo Productivo. Recordó que Justiniano proviene del sector empresarial, fue presidente de los empresarios privados y encabezó la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En esa condición, señaló, demandó al anterior gobierno seguridad jurídica, uso de transgénicos y mayores facilidades para la exportación, demandas que —a juicio de Colque— entran en tensión con su actual responsabilidad de velar por el medio ambiente y la producción sostenible.
Colque sostuvo que este tipo de designaciones generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. Señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.
Advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al gobierno en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.
En ese sentido, instó al Ejecutivo a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del PDC en campaña no fue trabajar con estos sectores; sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Tuto Quiroga, lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del gobierno”, afirmó.
También manifestó preocupación por la posible presión de estos grupos sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para acelerar saneamiento y titulación de grandes extensiones de tierra —de 10.000, 20.000 o hasta 50.000 hectáreas— que enfrentaron observaciones e incluso procesos en el Tribunal Agrario Nacional por irregularidades en su saneamiento.
Otro punto de alerta señalado por Colque es la proliferación de más de 1.500 comunidades campesinas e interculturales que recibieron autorizaciones de asentamiento en Santa Cruz y Beni, pero que en muchos casos —dijo— funcionan como “palos blancos”.
Según sus datos, alrededor del 90% de esas tierras no cumple función económica social y terminan en el mercado informal de compraventa de predios, situación que habría impulsado propuestas para modificar la Ley Agraria y permitir la titulación individual en tierras fiscales.
Colque concluyó que estas señales deben ser atendidas con seriedad, ya que podrían definir el rumbo del modelo productivo del país y afectar los compromisos del nuevo gobierno con sectores populares y con la defensa del territorio.
