La Justicia dictó detención preventiva por cuatro meses para dos personas acusadas de realizar cobros irregulares a funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, a cambio de mantenerlos en sus cargos.
Los imputados, un hombre y una mujer, fueron enviados a los penales de San Pedro y Obrajes, respectivamente. La medida fue confirmada por el asambleísta Israel Alanoca, uno de los denunciantes y quien la pasada semana intervino la oficina donde presuntamente operaba la red de cobros indebidos.
Según la asambleísta Samantha Coronado, los elementos de prueba encontrados, como dinero en cajones y planillas oficiales, permitieron sustentar la imputación por concusión y cohecho pasivo.
Los legisladores departamentales exigen que el Gobernador Santos Quispe y el director del Sedes sean convocados a declarar, y solicitarán acceso a cámaras de seguridad y registros biométricos para esclarecer la posible participación de autoridades en esta presunta red. El director del Sedes señaló que los involucrados son exfuncionarios, pero evitó mayores detalles mientras avanza la investigación.
