La Fiscalía Anticorrupción anunció que solicitará la detención preventiva del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras su aprehensión en el marco del proceso que enfrenta por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.
El fiscal anticorrupción Aldo Meza informó que el caso se inició el 17 de octubre, y que la emisión del mandamiento de aprehensión se basó en elementos de convicción suficientes, además de riesgos procesales vinculados a una posible fuga u obstrucción de la investigación.
“Existen los suficientes elementos sobre la autoría de los delitos denunciados, así como peligros de fuga y obstrucción. Por ello se ejecutó la aprehensión de Huarachi”, señaló Meza.
“La imputación estará debidamente fundamentada y, en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, se determinará el plazo de la detención preventiva que se va a solicitar”.
Durante la investigación surgió un indicio que vincula al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, actualmente investigado en otro caso de corrupción. Según Meza, una testigo declaró que Santos Cruz habría entregado Bs 40.000 a Huarachi, y mencionó a otras autoridades presuntamente involucradas.
El fiscal agregó que se investiga si los pagos irregulares provinieron no solo de ese ministerio, sino también de otras entidades públicas, entre ellas la Caja Nacional de Salud (CNS). Para ello, varias personas han sido convocadas a declarar.
Por el momento, Huarachi es el único investigado formalmente, aunque la Fiscalía no descarta ampliar el caso en función de los resultados de los requerimientos enviados a distintas instituciones.
El Ministerio Público tiene 24 horas para presentar la imputación formal, tras lo cual un juez cautelar definirá la situación jurídica del exdirigente. La duración del plazo de detención preventiva será determinada una vez se revisen los documentos presentados por la defensa.
De acuerdo con la denuncia, Huarachi habría influido de manera “dolosa” en la concesión de contratos en varias instituciones, favoreciendo a particulares y empresas, hechos que continúan en proceso de investigación.
