Militares implicados en el caso de la asonada encabezada por el exgeneral Juan José Zúñiga solicitaron ser incorporados en el proyecto de ley que busca restituir los derechos de policías y militares dados de baja por motivos políticos. La iniciativa fue presentada con el objetivo de beneficiar a uniformados afectados por la crisis de 2019; sin embargo, los involucrados en los hechos de 2024 consideran que también deberían ser alcanzados por la norma.
El exmayor Miguel Iriarte, representante del grupo, aseguró que los alrededor de 30 militares afectados fueron “víctimas de abusos” bajo el gobierno del expresidente Luis Arce. “Nuestros procesos fueron injustificados. También fuimos víctimas de abusos creados por el gobierno del expresidente Luis Arce Catacorra”, afirmó.
Cuestionan el proceso y falta de declaración del exgeneral Zúñiga
Iriarte criticó la falta de avances en la investigación y cuestionó que el propio Zúñiga, señalado como protagonista de la asonada militar de 2024, no haya prestado declaración.
“Hasta la fecha, al principal personaje del hecho, que es mi general Zúñiga, no lo llamaron a declarar. Quien debería dar la primera declaración sería él”, manifestó.
Denuncian irregularidades y pérdida de beneficios
Los militares señalaron que los procesos administrativos en su contra estuvieron marcados por irregularidades y que fueron despojados de derechos básicos.
“En el proceso administrativo existen muchos abusos, fueron procesos mal llevados. Nos cortaron beneficios como el sueldo y el seguro médico. Eso no debería ser así, ya que estamos destinados en la letra E, y eso no implica ser despojados de todos nuestros derechos”, reclamó Iriarte.
Piden ser incluidos en el proyecto de ley
A pesar de que la propuesta legislativa está orientada a uniformados afectados por la crisis política de 2019, los implicados en el caso Zúñiga consideran que la norma debe ser más amplia y los incluya.
Iriarte pidió “por favor” que sean considerados, y recordó que varios ya fueron dados de baja, mientras otros aún esperan resoluciones en apelación.
El pedido ahora deberá ser evaluado en el debate legislativo mientras el proyecto avanza en la Asamblea Legislativa.
