El anunciado cierre del Ministerio de Justicia generó preocupación en la Defensoría del Pueblo, que advirtió que la medida podría dejar sin una entidad rectora a diversos sectores vulnerables del país, responsables de la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para la protección de los derechos humanos.
En un pronunciamiento, la institución recordó que bajo la tuición del Ministerio de Justicia operan reparticiones estratégicas para el Estado y para la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; y víctimas de violencia en razón de género y generacional.
“Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano”, señaló la entidad.
La Defensoría enfatizó que el Ministerio de Justicia tiene bajo su responsabilidad instituciones claves, entre ellas el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), entidades que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas con recursos limitados.
Asimismo, alertó sobre la situación de las presidencias y secretarías técnicas que administra esta cartera de Estado, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna y el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, entre otros.
Todas estas instancias, recordó, permiten un trabajo “interinstitucional, articulado y multiactor” para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral y la garantía de derechos.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó al Órgano Ejecutivo a brindar certidumbre sobre la nueva organización estatal que asumirá la tuición y administración de las instituciones mencionadas, con el fin de evitar un vacío institucional que pueda afectar a la población más vulnerable.
