La Central Obrera Boliviana (COB) cuestionó las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Paz sobre la Gestora Pública, al considerar que se encuentra “mal asesorado” y que sus afirmaciones han generado una situación de pánico entre la población.
El mandatario sostuvo que en la Gestora “no están los aportes” y que “se los gastaron”; sin embargo, la entidad matriz de los trabajadores aclaró que los recursos de los asegurados se encuentran invertidos y que esas declaraciones generan susceptibilidad e incertidumbre innecesaria.
El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, indicó que solicitarán de manera formal al presidente que aclare en qué fundamentos se basa para realizar dichas afirmaciones. “Sabemos que esos dineros se invierten, trabajan para generar rédito y así garantizar su sostenibilidad en el tiempo”, afirmó el dirigente.
En la misma conferencia de prensa, el ejecutivo de la Confederación de Jubilados, Rodolfo Ayala, calificó como erróneas las declaraciones del mandatario y subrayó que cualquier denuncia debe sustentarse en documentación.
“Con todo respeto, antes de hacer una afirmación, tenemos que tener documentación”, manifestó, y añadió que antes de hablar de un presunto robo se debe realizar la auditoría correspondiente.
Ayala explicó que los recursos están invertidos en distintos rubros, como el sistema bancario, la bolsa de valores e incluso en el extranjero, donde aproximadamente el 3% del fondo se encuentra colocado fuera del país. “Ese dinero está invertido, se está ganando al mes. No estoy defendiendo a nadie, nosotros estamos fiscalizando como se debe hacer, porque la plata de los bololivianos no se toca”, sostuvo.
En ese marco, el dirigente se comprometió, en representación de los jubilados, a promover una auditoría a la Gestora Pública para despejar cualquier duda y garantizar la transparencia en la administración de los fondos.
No obstante, Ayala advirtió que detrás de las declaraciones presidenciales podría existir una intención de instalar la idea de una posible privatización de la Gestora, extremo que —según afirmó— no será permitido por los trabajadores ni los jubilados.
