La defensa de la exdiputada asegura que, aunque Patty recibió recursos para la ejecución del proyecto en 2010, las carpas solares habrían sido entregadas a las comunidades beneficiarias y su posterior desmantelamiento escapa de su responsabilidad. El caso está en manos de la Fiscalía, que la imputó por incumplimiento de contrato
El abogado defensor, Richard Cerda, sostuvo que su representada, Lidia Patty, no puede ser considerada penalmente responsable por las presuntas irregularidades en el proyecto de carpas de producción de tomate, que motivaron su aprehensión. Explicó que el convenio data de 2010, cuando Patty era dirigente de la federación Bartolina Sisa, y que las carpas estaban destinadas a beneficiar a ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en La Paz.
Según Cerda, el monto aprobado para el proyecto era de 950.000 bolivianos, de los cuales aproximadamente 650.000 bolivianos fueron transferidos por el Tesoro Público a la cuenta de Patty como primera fase. Añadió que los recursos fueron asignados a una empresa constructora a través de administradores, y que Patty no manejó directamente la obra.
El abogado indicó que existen informes de seguimiento —entre 2011 y 2013— que certifican una ejecución del presupuesto del 93 %. Afirmó también que las comunidades beneficiarias firmaron los recibidos de las obras en 2013, lo que —según él— demuestra que las carpas fueron entregadas.
No obstante, Cerda explicó que la empresa constructora no cumplió con las especificaciones del contrato, por lo que Patty presentó una denuncia en su contra en 2012; sin embargo, la Fiscalía desechó el caso en esa oportunidad. Argumentó que si existía construcción defectuosa o eventual desmantelamiento, la responsabilidad recaería en la empresa, no en Patty.
Para la defensa, resulta sorprendente —y con posibles motivaciones políticas— que recién el 5 de noviembre de 2025 el Fondo Indígena haya emitido un informe de auditoría denunciando irregularidades en el proyecto, cuando han pasado más de quince años desde su ejecución.
Por su parte, la Fiscalía imputó a Patty por incumplimiento de contrato y solicitó su detención preventiva, argumentando que la exdiputada no pudo explicar el destino completo de los fondos recibidos, especialmente ante la ausencia de obras concluídas conforme al contrato.
El caso sigue en investigación. Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar si hay elementos para llevar a juicio a Patty, o si, como sostiene su defensa, la responsabilidad recae en la empresa contratista. A su vez, podrían convocarse a declarar a miembros de la comunidad beneficiaria, administradores del proyecto y responsables de la empresa constructora, para verificar los antecedentes administrativos, financieros y operativos del proyeto
Declaraciones del abogado defensor Richard Cerda; informe de auditoría del Fondo Indígena; antecedentes del convenio suscrito en 2010; registros de transferencia del Tesoro Público; documentación firmada por comunidades beneficiarias en 2013.
