El ministro de Economía confirmó este domingo que la propuesta de distribución de recursos 50/50 no podrá aplicarse en 2026, debido a que el PGE para esa gestión ya fue aprobado por la administración de Luis Arce. La medida, considerada uno de los principales compromisos de campaña del presidente Rodrigo Paz, deberá esperar mientras el nuevo Gobierno impulsa reformas legales y ajustes normativos.
Espinoza explicó que la implementación del 50/50 —que busca que la mitad de los recursos estatales se asignen a las regiones y universidades públicas— requiere un proceso complejo que involucra cambios estructurales. “Este proceso, porque es un proceso de 50-50, no se hace de la noche a la mañana. Se deben modificar varias leyes; le tocará al Congreso hacer ajustes en leyes de impuestos, leyes competenciales y otras normativas”, sostuvo.
El ministro señaló que el país atraviesa un momento complicado en términos de disponibilidad de recursos, pero garantizó que no se paralizará ningún servicio público ni se pondrá en riesgo el pago de obligaciones. Adelantó que este lunes se enviarán tres proyectos de ley para modificar la Ley Financiera, vigente hasta febrero de 2026, como parte de la estrategia para “ordenar la casa” antes de presentar un presupuesto “efectivo y eficiente”.
La agenda 50/50 fue presentada por Rodrigo Paz como una vía para romper el centralismo fiscal que caracterizó a los gobiernos del MAS. Actualmente, más del 80% de los recursos nacionales se administran desde el nivel central. El plan busca una redistribución equitativa que incluya no solo a los gobiernos subnacionales, sino también a pequeños productores, emprendedores, cooperativas y trabajadores informales.
La propuesta también es respaldada por las capitales del país y El Alto. La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) envió una agenda al presidente Paz solicitando debatir el 50/50 dentro de un nuevo pacto fiscal. Su director, Alfonso Lema, resaltó que la discusión debe considerar sostenibilidad financiera, equilibrios fiscales y las asimetrías entre municipios para reducir brechas de inequidad.
En Tarija, el alcalde Johnny Torres insistió en la urgencia del debate ante la caída de ingresos municipales. “No puede ser que el gobierno central se lleve el 75% de los recursos de coparticipación. En países como Argentina o Brasil no supera el 30%”, reclamó. Recordó que la idea del 50/50 surgió durante su gestión al frente de la AMB, cuando se impulsaba un nuevo pacto fiscal.
Aunque el Gobierno central descarta su aplicación inmediata, la propuesta sigue en agenda y es considerada una de las reformas estructurales más esperadas por las regiones, cuya viabilidad dependerá del avance legislativo y de la recomposición económica del país.
