El Gobierno continúa las negociaciones sobre el Decreto Supremo 5503, vigente desde el 17 de diciembre, mientras diversos sectores sociales y la justicia avanzan en acciones contra la norma.
Este miércoles, autoridades gubernamentales y al menos 75 organizaciones sociales instalaron mesas de trabajo técnico en el Campo Ferial Chuquiago Marka para analizar los alcances del decreto en áreas como: reforma del Estado y descentralización, recursos naturales y soberanía, sostenibilidad de carburantes y energía, régimen tributario e incentivos, seguridad alimentaria y estabilidad laboral.
El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, destacó que el espíritu del 5503, que transforma la economía del Estado, no puede modificarse, aunque se pueden considerar sugerencias y complementaciones en el articulado. Se espera que entre este miércoles y jueves se cierren las primeras mesas de trabajo para trasladar los resultados a una plenaria con ministros, donde se definirá qué modificaciones podrían aplicarse.
En paralelo, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, participó del diálogo con el Gobierno. Argollo aseguró que la prioridad es que “gane Bolivia”, dejando de lado intereses de dirigentes o autoridades, y manifestó la disposición de la COB a permitir que se anuncie otro decreto que contemple la quita de la subvención a combustibles y bonos sociales, mientras que el resto de medidas se tramitaría mediante ley.
Por otra parte, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular contra el presidente Rodrigo Paz, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. La audiencia se fijó para el viernes 9 de enero a las 13:00. El recurso, presentado por el abogado Wilmer Vásquez, señala que el decreto vulnera la Constitución y la seguridad jurídica en varios de sus artículos.
El Decreto Supremo 5503, que establece la eliminación de la subvención a los combustibles y otras medidas económicas, ha generado el rechazo de sectores sociales, provocando movilizaciones y bloqueos en distintas
