La nueva directora del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Cecilia Miranda, defendió la constitucionalidad del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y la sanción de actividades extractivas ilegales en áreas protegidas, en el marco de la explotación de recursos naturales y la implementación del Decreto Supremo 5503.
Miranda, antropóloga con amplia experiencia en conservación y manejo de áreas protegidas, enfatizó que toda actividad ilegal dentro de estas zonas debe ser sancionada para restablecer la legalidad y legitimidad en la gestión pública del Estado boliviano. “Tenemos ese mandato a nivel de Estado: recuperar la legitimidad y la legalidad en todo el cumplimiento de nuestras funciones en la gestión pública y, en el caso de las áreas protegidas, restablecer el cumplimiento normativo ambiental”, afirmó.
La directora pidió paciencia a las organizaciones ambientalistas e instituciones, señalando que no se puede revertir en poco tiempo lo que durante veinte años estuvo mal gestionado. “Necesito recomponer una institución quebrada. Sin equipos no puedo hacer mucho; estamos en el camino de recobrar el perfil del SERNAP y hacer cumplir la normativa dentro de las áreas protegidas”, indicó.
El DS 5503, promulgado a finales de 2025, ha generado cuestionamientos sobre la protección del patrimonio natural, incluyendo la aprobación expedita de proyectos de inversión estratégica mediante el mecanismo denominado “Fast Track”, que permite la aprobación automática de contratos en 30 días, sin estudios ni consulta a las comunidades afectadas.
La Constitución Política del Estado respalda la postura de Miranda: el artículo 30, inciso 15, y el artículo 352 garantizan la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de medidas legislativas o administrativas que afecten sus territorios, así como la participación ciudadana en la gestión ambiental y la conservación de los ecosistemas.
Con estas declaraciones, Miranda deja claro que la nueva gestión del SERNAP priorizará el cumplimiento normativo ambiental y específico de las áreas protegidas, respetando los derechos de las comunidades indígenas y promoviendo la conservación de la biodiversidad.
