Los primeros pasos del gobierno del presidente Rodrigo Paz en materia ambiental han sido duramente cuestionados por expertos, organizaciones indígenas y ambientalistas, quienes advierten una debilitación institucional tras la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, reducido ahora a dos viceministerios dependientes de carteras lideradas por empresarios agroindustriales.
La reconfiguración estatal se da en un contexto marcado por la crisis económica, el avance de la minería ilegal en áreas protegidas, la persistencia de las llamadas “normas incendiarias” y la urgencia de fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas.
Institucionalidad ambiental debilitada
Rodrigo Paz asumió la Presidencia el 8 de noviembre y un día después posesionó a su gabinete sin un Ministerio específico de Medio Ambiente. Las políticas ambientales quedaron bajo el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, mientras que los temas de agua pasaron al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Para Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), esta decisión obliga al Estado a reconstruir con urgencia una institucionalidad ambiental sólida.
“Se debe fortalecer la institucionalidad estatal con transparencia, independencia y eficacia, especialmente en materia ambiental, en un contexto de crisis climática global”, afirmó.
La dirigente indígena Ruth Alipaz, de la Contiocap, calificó como un “grave error” la eliminación del ministerio y advirtió que el Gobierno debe priorizar la institucionalización de la gestión ambiental y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Avance de la minería ilegal
Uno de los principales desafíos para 2026 será frenar la minería ilegal, que se expandió durante 2025 en áreas protegidas como el Parque Nacional Madidi, la reserva Pilón Lajas y territorios indígenas tsimane, mosetén y leco.
“La crisis económica aumentó la presencia de grupos ilegales en la Amazonía. Deforestan, contaminan ríos y destruyen territorios protegidos”, denunció Alipaz.
Expertos coinciden en que hubo una ausencia de control estatal y alertan sobre los efectos del uso de mercurio en la minería aurífera. El investigador Alfredo Zaconeta (Cedla) señaló la necesidad de limitar la expansión minera y avanzar hacia una minería responsable, mientras que Jaime Cuéllar advirtió sobre los impactos en la salud pública y la credibilidad internacional del país.
Normas incendiarias y deforestación
Otro tema pendiente es la derogación de las denominadas “normas incendiarias”, un paquete legal que permite desmontes, quemas y cambios de uso de suelo. Según datos de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, Bolivia perdió 1,8 millones de hectáreas de bosque en 2024, el 81 % de ellas bosque primario, ubicándose como el segundo país más deforestado del mundo, después de Brasil.
Vargas lamentó que estas normas sigan vigentes y pidió su abrogación inmediata. En la misma línea, la diputada Cecilia Requena afirmó que la Asamblea Legislativa debe priorizar una ley de prevención de desmontes e incendios.
Aunque el vicepresidente Edman Lara anunció en noviembre la abrogación de estas normas, hasta ahora no existe una agenda legislativa clara.
Crisis económica y áreas protegidas
El director del Cedib, Óscar Campanini, advirtió que la crisis económica podría derivar en una flexibilización de las normas ambientales para atraer inversiones, lo que exige un delicado equilibrio entre desarrollo y conservación.
Actualmente, el SERNAP administra 23 áreas protegidas con un presupuesto de apenas 9,5 millones de dólares y solo 270 guardaparques, una cifra insuficiente para garantizar el control territorial, según expertos de la Lidema.
Casos como Tariquía, donde ingresó Petrobras para exploración petrolera, y el Madidi, afectado por minería ilegal, evidencian la fragilidad del sistema de protección ambiental.
Litio: una deuda pendiente
Finalmente, el futuro del litio sigue en suspenso. La Justicia Agroambiental suspendió el tratamiento de contratos con empresas de China y Rusia hasta que se cumplan la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Comunidades indígenas alertan sobre riesgos de pérdida de agua y afectación a humedales altoandinos.
Para especialistas, el desafío del Gobierno será avanzar en la explotación de recursos estratégicos sin repetir errores que profundicen los conflictos ambientales y sociales.
