El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que el artículo 213 del Código Penal, que sanciona los bloqueos, nunca se aplicó en Bolivia, lo que impidió sancionar de manera efectiva estas prácticas en el país. Por esa razón, el legislador impulsa una nueva ley antibloqueos.
Alarcón explicó que la normativa actual del Código Penal no es eficaz para frenar los bloqueos, pese a que ya contempla sanciones. Según señaló, el artículo 213 quedó sin aplicación práctica debido a una figura jurídica conocida como “desuetudo”.
“Los artículos del Código Penal, que vienen desde la década del 70, nunca se han aplicado para el tema de los bloqueos. Eso se llama desuetud, una costumbre contraria a la norma que la vuelve inaplicable. Insistir en ese camino es no llegar a ninguna solución”, sostuvo Alarcón.
En ese sentido, el diputado detalló que la ley que están impulsando establece penas específicas, dependiendo del grado de participación en los bloqueos. “Todos aquellos que obstruyan las vías públicas, impidiendo el libre tránsito de personas, bienes, mercaderías y vehículos, tienen que ir a la cárcel. Se propone una pena de 3 a 6 años”, explicó.
Asimismo, indicó que para quienes organizan o financian estas medidas, la sanción será mayor. “Los promotores, organizadores, directores y financiadores de los bloqueos enfrentarán una pena agravada de 5 a 8 años”, añadió. Mientras que los bloqueadores que “ejerzan violencia y atenten contra la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público y privado recibirán penas de 10 a 20 años de cárcel”, afirmó.
El legislador explicó que uno de los puntos centrales del proyecto es la “responsabilidad solidaria”, que permitirá a los afectados por los bloqueos demandar a cualquiera de los involucrados por los daños materiales.
“Si una persona pierde su cargamento de flores y no puede venderlo, puede demandar a cualquiera de los bloqueadores, y este está obligado a pagar la totalidad del daño. Luego será un problema entre ellos cómo se distribuyen la indemnización”, explicó Alarcón.
Además, esta ley brinda protección legal a los policías y militares para que puedan participar en operativos de desbloqueo. “La policía que use la fuerza legal del Estado de manera necesaria y racional, cumpliendo los protocolos, no debe tener responsabilidad penal, civil ni administrativa”, afirmó el legislador.
Por último, señaló que el Estado deberá garantizar el equipamiento adecuado para estos operativos, incluso el uso de armas reglamentarias en zonas de alto riesgo, siempre “bajo los principios de necesidad y racionalidad”, concluyó.
