El presidente Rodrigo Paz afirmó este jueves que su Gobierno no dará “ni un paso atrás” en la lucha contra las mafias, maleantes y estructuras corruptas que, según dijo, amenazan la propiedad privada, la seguridad y los derechos humanos de los bolivianos.
Las declaraciones fueron realizadas durante el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, desarrollado en Santa Cruz con la participación de autoridades nacionales, departamentales y representantes de sectores productivos.
El mandatario sostuvo que los avasallamientos han llegado a niveles extremos que no solo vulneran el derecho a la propiedad, sino que también ponen en riesgo la vida de familias y productores.
“Tendrán a un humilde servidor, a un boliviano más para darle cara a esas mafias que nos están destrozando la patria y que se tienen que ir de esta patria, porque aquí no hay espacio para maleantes, mafias ni corruptos. No vamos a dar un paso atrás para cambiar esas estructuras corruptas de este Estado tranca”, afirmó Paz.
La propiedad privada como derecho constitucional
El jefe de Estado remarcó que la propiedad privada no constituye un privilegio, sino un derecho constitucional fundamental, indispensable para el desarrollo económico, la inversión y la paz social. En ese sentido, advirtió que no puede existir justicia social ni progreso si se destruye a quienes producen legalmente en el país, desde pequeños comerciantes hasta grandes productores.
Llamado a enfrentar la corrupción
Paz también enfatizó que la lucha contra la corrupción debe involucrar a toda la sociedad, ya que esta genera violencia, humillación y afecta no solo a propietarios legales, sino también a instituciones como la prensa y la Policía.
“La convivencia entre las instituciones mediante la corrupción, la dádiva, la coima, está llegando a tales niveles que ya es agresión física. Es matar al prójimo, es eliminar a un boliviano o una boliviana. Eso no es correcto”, subrayó el mandatario.
El encuentro concluyó con el compromiso de fortalecer acciones conjuntas entre el Estado y los sectores productivos para frenar los avasallamientos y garantizar la seguridad jurídica en el país.
