Un informe oficial de la Dirección General de Migración, solicitado por la diputada Andrea Ballivián, evidenció que al menos 36 exfuncionarios y exlegisladores de la anterior gestión salieron del país —y algunos incluso retornaron— pese a la vigencia de normas que les impedían abandonar el territorio nacional por un periodo determinado tras dejar sus cargos.
Según el boletín de prensa difundido por la oficina de la parlamentaria, la información remitida por Migración confirma que la Ley N° 1352 fue incumplida de manera sistemática.
“Al menos un ministro de Estado, un viceministro, dieciocho diputados, cinco senadores, un magistrado y otros exfuncionarios salieron y retornaron al país sin cumplir la obligación legal de permanecer en territorio nacional durante tres meses después de dejar el cargo, pese a que la norma estaba vigente y era plenamente conocida”, señala el documento.
Entre las personas que registran salidas del país figuran el exministro Edgar Montaña, el exviceministro Elmer Catarina, el exdirector de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, el exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García Terceros, así como la exdirectora del Servicio de Despatriarcalización. La lista también incluye a 18 exdiputados y cinco exsenadores.
Ballivián sostuvo que la Dirección General de Migración tenía pleno conocimiento de la vigencia de la Ley N° 1352, sabía qué autoridades estaban obligadas a cumplirla y contaba con los listados oficiales remitidos por la Contraloría General del Estado.
“No se trató de un error ni de desconocimiento, ya que se permitió la salida del país, limitando la actuación del Estado a simples advertencias verbales”, cuestionó la legisladora.
Asimismo, reveló que la prohibición efectiva de salidas del país recién comenzó a aplicarse en diciembre de 2025, tras la emisión de la Resolución Camaral 07/2025, de fecha 4 de diciembre, que instruyó expresamente a la Dirección General de Migración impedir la salida de autoridades que hubieran cesado en sus funciones.
Sin embargo, recordó que la Ley N° 1352 se encuentra vigente desde 2020 y ya establecía claramente la obligación de permanencia en territorio nacional. “El Estado tenía la capacidad legal de actuar desde hace años, pero decidió no hacerlo”, observó, señalando que esta inacción permitió que la norma fuera ignorada durante los últimos meses sin controles efectivos.
El informe también remarca que Migración contaba con un marco legal suficiente para actuar, incluyendo la Ley N° 370, que en sus artículos 1, 7, 24 y 66 establece la responsabilidad de regular el ingreso y salida de personas del país, ejercer control migratorio y aplicar sanciones ante incumplimientos.
Pese a ello, la diputada denunció que no se activaron alertas migratorias, no se aplicaron controles especiales ni se emitieron notificaciones formales, y que no existe respaldo documental de acciones administrativas, limitándose la institución a advertencias verbales sin valor legal.
