El analista financiero y excandidato presidencial Jaime Dunn afirmó que la política económica del Gobierno aún carece de una reducción efectiva del gasto público y sostuvo que, para enfrentar la crisis, debe ser el Estado y no la población quien asuma las principales consecuencias de las medidas.
Dunn consideró positivo el recorte a la subvención de los hidrocarburos, pero señaló que en la práctica el impacto recae sobre la ciudadanía, mientras que el aparato estatal se beneficia con el ahorro fiscal y una mayor recaudación impositiva.
“El Estado está chocho y feliz, mientras la gente no ve el beneficio”, afirmó, al cuestionar que los ajustes no se traduzcan en mejoras directas para la población.
En ese contexto, planteó la necesidad de “desmontar” el tamaño del Estado mediante una reducción estructural del gasto público, desde planillas hasta inversiones que consideró no productivas.
Como primera medida, propuso disminuir en 30% la planilla estatal, lo que representaría un ahorro aproximado de 2.200 millones de dólares. En segundo lugar, sugirió recortar la inversión pública no productiva, que estimó en unos 800 millones de dólares.
Asimismo, planteó reducir alrededor de 450 millones de dólares en la compra de insumos, bienes y servicios del Estado; eliminar gastos “superfluos” como cócteles, viajes, vehículos y alquileres, que sumarían unos 270 millones; y recortar cerca de 800 millones de dólares destinados al financiamiento de empresas públicas que, según dijo, no son rentables.
Dunn lamentó que estas medidas no se apliquen porque, a su juicio, los actores políticos “son parte del sistema”, lo que dificulta la adopción de decisiones orientadas a reducir el tamaño del Estado.
