El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que su administración realiza un seguimiento al personal que participa en la gestión pública, especialmente después de la crisis por la contaminación de la gasolina que provocó daños a un número aún no determinado de vehículos en el país. Desde Oruro, el mandatario aseguró que existen sectores internos que buscan perjudicar al Gobierno.
“Nosotros recién llevamos tres meses, tenemos problemas, es como Oruro sabe bien, las plagas; tenemos unas plagas que nos quieren hundir el Gobierno”, declaró durante un acto por la efeméride de la revolución libertaria del departamento.
La anterior semana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó gasolina desestabilizada que habría afectado a más de 2.000 vehículos a nivel nacional. A raíz del caso, la estatal desvinculó a 360 trabajadores y el Ejecutivo sospecha que YPFB Logística, subsidiaria encargada de los controles, no habría cumplido adecuadamente su labor, lo que habría perjudicado la imagen de las nuevas autoridades.
El ministro de Energía e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, expresó dudas sobre el accionar de funcionarios de esa unidad y señaló que se realizará la investigación correspondiente.
“Se cree que en YPFB Logística es donde se hará la investigación correspondiente, porque tenía que haber los controles para conocer que esta mezcla, pese a estar dentro de las especificaciones técnicas, podía generar este problema”, indicó en contacto con el programa Asuntos Centrales.
En esa línea, Paz recordó que gobiernos anteriores también enfrentaron dificultades en el recambio de personal y mencionó que el expresidente Evo Morales se quejaba hasta 2007 de la permanencia de funcionarios de gestiones previas. Asimismo, convocó a trabajar “de buena fe” en beneficio del país y de sus regiones.
Por su parte, el canciller Fernando Aramayo denunció que existen funcionarios, incluso en el servicio exterior, que buscan “atornillarse” en sus cargos mediante mecanismos como certificados de inamovilidad laboral o situaciones familiares que impiden su desvinculación.
“Nos han dejado un millón y medio de dólares en deudas de salarios al servicio exterior. Una epidemia de certificados de inamovilidad porque todos de repente son dependientes o tutores de personas con discapacidad o embarazos por doquier, entre otras artimañas que se han utilizado para atornillarse en los puestos”, afirmó también en Asuntos Centrales.
El Gobierno señaló que, pese a estas dificultades, avanza en un proceso gradual de reorganización institucional dentro del marco de la normativa vigente. Según la Cancillería, Bolivia cuenta con 36 embajadas, 60 oficinas consulares y cinco representaciones ante organismos internacionales.
