El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, afirmó que los servidores públicos implicados en el denominado “caso maletas” tenían la obligación de revisar el equipaje en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, aun cuando no hubieran recibido una instrucción expresa de sus superiores.
La autoridad explicó que los funcionarios se encontraban de turno al momento de los hechos y debían aplicar el Reglamento para el Régimen del Viajero y Control de Divisas. “El hecho de que no hayan recibido autorización no los exime de responsabilidad. Conocen sus funciones y la normativa vigente”, sostuvo.
De acuerdo con Soto, los artículos 51 y 52 de esa normativa establecen la revisión obligatoria de equipajes. Añadió que portar un pasaporte diplomático no constituye una excepción al control aduanero, salvo en el caso del presidente y el vicepresidente del Estado.
En las últimas horas, tres exfuncionarios fueron aprehendidos tras prestar declaración ante el Ministerio Público. La investigación preliminar apunta a que no se habría realizado la inspección de 31 maletas cuyo paradero aún no fue precisado por las autoridades. Los implicados sostienen que informaron a sus superiores sobre la situación y que no recibieron una orden para proceder con la revisión.
El titular de la Aduana indicó que los funcionarios involucrados cuentan con más de diez años de experiencia en la entidad, por lo que —según dijo— tenían pleno conocimiento de sus responsabilidades. “La consulta a un superior no libera del cumplimiento del reglamento”, enfatizó.
La institución informó que presentó una querella y activó procesos administrativos internos contra todos los servidores que se encontraban de turno en el momento del incidente. Paralelamente, anunció un proceso de reestructuración institucional que incluye la incorporación de nuevo personal y el fortalecimiento de la capacitación para asegurar la correcta aplicación de la normativa.
El denominado “caso maletas” continúa en etapa de investigación. La Aduana aseguró que colaborará con la Fiscalía y pondrá a disposición la documentación y los elementos que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos.
