La Fiscalía Departamental de La Paz investiga presuntos hechos de corrupción en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), registrados durante la anterior gestión de Gobierno. El daño económico preliminar asciende a 101.065.912 bolivianos, equivalente al 72% del capital asignado a la empresa.
La fiscal Magaly Bustamante informó que el monto observado forma parte de los 140 millones de bolivianos que el Estado destinó como inyección de capital tras la creación de B-Agro en 2022, mediante decreto supremo, durante la administración del presidente Luis Arce, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria.
Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran contrataciones consideradas innecesarias, gastos que superan los ingresos y el pago de salarios a una gerencia que ya había sido clausurada.
Según la investigación, la Gerencia Pecuaria fue cerrada en abril de 2024; sin embargo, su gerente continuó percibiendo salarios por más de 17.000 bolivianos mensuales entre mayo y diciembre de ese año, sin que se haya podido verificar funciones o tareas asignadas.
Asimismo, se evidenció que en la gestión 2024 los egresos superaron los 24 millones de bolivianos, mientras que la producción anual de la empresa alcanzó aproximadamente 13 millones, generando un desequilibrio financiero significativo.
La Fiscalía también observó el alquiler de predios para siembra pese a que B-Agro contaba con dotación de tierras otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). De igual forma, la empresa habría alquilado maquinaria y contratado personal externo en la ciudad de Santa Cruz, aun cuando disponía de equipos e insumos propios.
El informe preliminar detalla además cuentas por pagar a corto y largo plazo, deudas vinculadas a la devolución de anticipos por garantías de cumplimiento presentadas por proveedores y sueldos devengados pendientes de pago correspondientes a la gestión 2024.
Por estos hechos fue aprehendido el exgerente de B-Agro que ejerció funciones entre 2022 y 2024. En total, siete personas son investigadas, entre ellas tres exministros vinculados al área de Desarrollo Rural. La Fiscalía continúa con la recolección de elementos para determinar responsabilidades.
