El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad presentada en 2025 por el entonces diputado José Carlos Gutiérrez, quien demandó la inconstitucionalidad de artículos referidos al Tribunal de Ética del Ministerio de Justicia, de la Ley del Ejercicio de la Abogacía y del Decreto Supremo 1760, por considerarlos contrarios a la Constitución Política del Estado (CPE).
En el expediente, firmado por los magistrados Amalia Laura y Edson Dávalos, integrantes de la Comisión de Admisión del TCP, se dispuso la suspensión provisional de los artículos cuestionados y se ordenó poner la acción en conocimiento del vicepresidente Edmand Lara y del presidente Rodrigo Paz, en representación de los entes emisores de las normas impugnadas.
De acuerdo con Gutiérrez, los artículos observados “despojaron progresivamente a los colegios de abogados de sus competencias históricas” y centralizan de forma indebida el control de la profesión en el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia.
En la acción se señala que la Ley 16793 de 1979 establecía facultades para los entes colegiados, como el monopolio del registro y la matrícula profesional obligatoria, la administración de sus propios recursos, entre otras atribuciones. Sin embargo, sostiene que las normas actualmente vigentes, que transfieren competencias al Ministerio de Justicia, vulneran la autonomía gremial, el derecho a la libre asociación y ponen en riesgo la independencia en el ejercicio de la abogacía.
El TCP deberá ahora analizar el fondo del recurso para determinar si los artículos impugnados se ajustan o no al marco constitucional.
