La salida sin retorno de Bolivia hacia Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dejó en una situación incierta al menos seis procesos penales abiertos en la justicia boliviana, que se acumularon durante los años en que permaneció en el país desde 2018 hasta su captura.
De acuerdo con información obtenida de fuentes del Ministerio Público, los casos incluyen al menos quince delitos que van desde falsificación de documentos y legitimación de ganancias ilícitas hasta secuestro, organización criminal y tráfico de drogas.
Los procesos se abrieron en distintas etapas: desde su ingreso irregular al país en 2018, pasando por su fuga tras un operativo policial en julio de 2023, hasta su captura el 13 de marzo de 2025 por la Policía Boliviana.
El primer proceso fue abierto en Santa Cruz e incluye los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, cohecho activo y asociación delictuosa. El caso se encuentra en etapa de juicio, con arraigo y notificación internacional. Los fiscales asignados son Víctor Marcelo Flores y Senón Rivas.
El segundo proceso, también radicado en Santa Cruz, investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas. En este expediente Marset figura como rebelde. Los fiscales asignados fueron Milton Persi, Laura Mamani y Marcos Arce Gandarillas.
Un tercer caso, igualmente en esa jurisdicción, investiga legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. El proceso se encuentra en fase de investigación y el querellante es el Ministerio de Gobierno de Bolivia.
El cuarto proceso se tramita en el departamento del Beni y se encuentra en etapa preparatoria. La investigación se centra en la presunta falsedad relacionada con la portación de documentos de identidad falsos que implica al Dirección General de Migración de Bolivia. El fiscal asignado es Remberto Gustavo Roca.
El quinto proceso es el que acumula el mayor número de cargos penales y, según fuentes judiciales, habría llegado a una sentencia ejecutoriada a instancias del Ministerio de Gobierno de Bolivia. En este expediente se investigaron delitos como secuestro, portación ilícita de armas, uso de instrumento falsificado, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, asociación delictuosa, organización criminal, lesiones, robo agravado y privación de libertad.
El sexto proceso fue abierto recientemente por tráfico de sustancias controladas. El caso se encuentra en etapa de juicio, con arraigo vigente y también fue impulsado por el Ministerio de Gobierno como parte querellante.
El 13 de marzo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció la apertura de un séptimo proceso penal contra Marset por los delitos de tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa. La decisión se tomó tras un operativo policial realizado en la zona de Las Palmas, donde se hallaron armas de grueso calibre presuntamente vinculadas a la estructura del narcotraficante.
Mariaca aseguró que la salida del país del acusado no extingue su responsabilidad penal ante la justicia boliviana y afirmó que el Ministerio Público mantiene vigentes las acusaciones formales en los seis procesos abiertos.
Cuestionamientos
Mariaca fue fiscal departamental de Santa Cruz entre el 12 de junio de 2020 y el 21 de octubre de 2024, fecha en la que fue posesionado como Fiscal General del Estado. Estados Unidos notificó un sello rojo internacional a Bolivia en abril de 2025.
Sin embargo, el manejo del caso Marset ha generado cuestionamientos. El portal de investigación Sol de Pando sostiene que la Fiscalía habría difundido “información incompleta y verdades a medias” sobre la situación judicial del narcotraficante en Bolivia.
Entre las interrogantes planteadas figura la falta de ejecución de una alerta roja internacional solicitada en marzo de 2022 por autoridades de Paraguay, pese a que el nombre completo y la fotografía de Marset ya figuraban en registros oficiales de la Dirección General de Migración de Bolivia como residente con visa laboral.
Según esa publicación, la investigación debería extenderse también a exautoridades del gobierno, entre ellas el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y a la entonces directora del Servicio Nacional de Migración.
