El presidente de Nayib Bukele endureció su política de seguridad tras impulsar una reforma constitucional que establece la prisión perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, en el marco de su estrategia contra las pandillas en El Salvador.
La enmienda fue aprobada por 59 de los 60 diputados del Congreso pocas horas después de su presentación, eliminando la prohibición existente sobre las penas perpetuas. Hasta ahora, la condena máxima en el país era de 60 años de prisión.
“La pena perpetua solo se impondrá a homicidas, violadores y terroristas”, señala el texto aprobado, con el objetivo de evitar que los criminales recuperen su libertad. La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, sostuvo que la medida busca que los condenados “cumplan su pena para siempre”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma al asegurar que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los grupos criminales.
La iniciativa se da en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente desde hace casi cuatro años, bajo el cual se han detenido a más de 91.500 personas sin orden judicial, acusadas de vínculos con pandillas.
Según datos del World Prison Brief, El Salvador posee la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con aproximadamente 1.700 reclusos por cada 100.000 habitantes.
Si bien el gobierno atribuye a estas políticas la drástica reducción de los homicidios, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.
La agrupación Socorro Jurídico reportó que alrededor de 500 personas han fallecido en prisión durante el régimen de excepción, señalando que la mayoría no tenía perfil de pandillero.
Además, juristas internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presuntos “crímenes de lesa humanidad” por parte del gobierno salvadoreño.
En respuesta, el Ejecutivo ha descalificado a las organizaciones de derechos humanos. Bukele las acusó recientemente de actuar como “bufetes legales internacionales del crimen”, mientras que Villatoro las calificó de “demonios”.
Expertos advierten que la nueva reforma podría agravar la situación. La abogada Roxana Cardona alertó que los centros penitenciarios podrían convertirse en “pozos humanos” y que la medida podría afectar incluso a personas inocentes sometidas a procesos masivos.
Pese a las críticas, el gobierno sostiene que su estrategia ha logrado desarticular a las principales pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, reduciendo significativamente la violencia en el país.
No obstante, aún existe incertidumbre sobre si la reforma tendrá carácter retroactivo y cómo impactará en los procesos judiciales en curso, en un escenario que sigue generando debate tanto a nivel nacional como internacional.
