En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó este jueves ratificar la extinción del caso denominado “Golpe de Estado I”, en el que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, estaba acusado de haber participado en el supuesto derrocamiento del expresidente Evo Morales en 2019.
La decisión confirma el fallo emitido en febrero por un tribunal de sentencia, que dio curso a la solicitud de la defensa de Camacho para extinguir la acción penal, argumentando que el proceso superó el plazo máximo establecido por la normativa vigente.
Pese a que la Fiscalía y la exdiputada Lidia Patty, en calidad de denunciante, apelaron dicha resolución, la Sala Penal Cuarta resolvió ratificar la extinción, cerrando definitivamente el caso en esta instancia.
El abogado defensor del gobernador, Martín Camacho, aseguró que la determinación judicial es definitiva y no admite recursos posteriores. “No existe un recurso de apelación ulterior o de casación, por lo tanto, esta sería la resolución definitiva que da fin al proceso y no hubiera ninguna otra forma de reaperturar el mismo por alguna vía legal”, afirmó
Tras conocerse el fallo, Luis Fernando Camacho se pronunció mediante sus redes sociales, donde celebró la decisión judicial. “La verdad siempre llega. Y hoy llegó. Ahora nos toca a nosotros: seguir trabajando por Santa Cruz, seguir luchando por Bolivia, seguir construyendo el futuro que nos merecemos. Esto no termina acá”, publicó.
Camacho permaneció detenido en el penal de Chonchocoro entre 2022 y 2025, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), en el marco de este proceso. Fue acusado de haber conspirado con militares y policías para forzar la salida de Morales del poder, en medio de la crisis política de 2019, cuando lideró movilizaciones cívicas denunciando fraude electoral.
En el mismo caso también fue procesado el excívico potosino Marco Pumari. No obstante, su situación jurídica podría seguir un curso distinto. Según explicó el abogado Martín Camacho, la defensa de Pumari podría tramitar un incidente similar de extinción, siempre que se cumplan condiciones legales equivalentes y no exista una declaratoria de rebeldía en su contra.
La resolución de la Sala Penal pone fin a uno de los procesos judiciales más controvertidos vinculados a la crisis política de 2019, en un contexto marcado por profundas divisiones políticas en el país.
