Aunque la Ley de Regulación de Estados de Excepción fue aprobada por mayoría en la Asamblea Legislativa y promulgada este lunes por el presidente Rodrigo Paz, varios legisladores expresaron su rechazo a la norma al considerar que mantiene disposiciones que podrían vulnerar principios constitucionales y garantías de derechos humanos.
Uno de los aspectos más observados fue el artículo 26, que establece que las actuaciones de efectivos policiales y militares durante la vigencia de un estado de excepción gozarán de presunción de legalidad.
La diputada Sandra Rivero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se abstuvo de votar durante la sesión de la Cámara de Diputados, denunció que las observaciones planteadas por algunos legisladores no fueron incorporadas en el texto final.
“Quiero denunciar que no han querido aceptar ninguna modificación. No quisieron cambiar un artículo que va a tener muchas observaciones y puede incluso arrinconar al presidente del país con un simple juicio de responsabilidades. El artículo 26 básicamente exime a las Fuerzas Armadas y a la Policía de toda responsabilidad bajo su propio criterio”, afirmó.
Rivero sostuvo además que la norma no resolverá los problemas de fondo que enfrenta el país.
“He leído la letra chica que tiene esa ley. Una observación es que esta ley no soluciona absolutamente nada. Dictar un estado de excepción no soluciona las heridas que van a venir luego del estado de excepción”, señaló.
La también diputada del PDC Helen Patiño votó en contra de la normativa y cuestionó que la mayoría legislativa haya aprobado el proyecto sin atender las observaciones planteadas.
“Hemos hecho observaciones pertinentes en varios articulados que definitivamente corresponden a cómo dar carta libre de ingresar sin ningún cumplimiento de la ley”, manifestó.
Patiño también centró sus críticas en el artículo 26.
“Los diputados alegremente determinaron hacer una votación sin corregir estas observaciones de forma flagrante a nuestra Constitución. Es dar carta blanca a policías y Fuerzas Armadas para que ellos puedan actuar y no puedan ni siquiera tener un informe en 30 días”, sostuvo.
Por su parte, Juan del Granado, diputado de Alianza Unidad y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, explicó que el artículo referido fue uno de los puntos que generó mayor debate durante el tratamiento de la ley.
“El estado de excepción es una medida constitucional que la norma fundamental prevé para restablecer el orden constitucional. Sin embargo, el artículo 26, al presumir la legalidad anticipada de las actuaciones de policías y militares, podría generar un sistema de protección indebido a los funcionarios que ejercen la titularidad del monopolio del uso de la fuerza pública, lo que va en contra de los principios constitucionales que consagran la protección de los derechos humanos de la población”, argumentó.
Del Granado indicó que, pese a estas observaciones, la mayoría parlamentaria decidió mantener la redacción original del artículo.
La senadora del PDC Ana María Crispín también expresó su desacuerdo con la norma y advirtió que las medidas coercitivas no resolverán la conflictividad social.
“Si creen que con fusiles, pistolas, balas y gases van a solucionar estos problemas, están equivocados”, afirmó.
Entre los legisladores que no respaldaron la ley también se encuentran Soledad Chapetón, de Alianza Unidad, además de los parlamentarios del PDC Rodolfo García y Diana Romero, entre otros.
La Ley de Regulación de Estados de Excepción fue promulgada este lunes por el presidente Rodrigo Paz en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo. No obstante, para su aplicación efectiva será necesaria la emisión de un decreto supremo mediante el cual el Órgano Ejecutivo declare formalmente un estado de excepción, conforme a las causales previstas en la Constitución y la nueva normativa.
