El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció el inicio de procesos para investigar el presunto despilfarro de más de 500 millones de bolivianos en la construcción de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en el municipio cochabambino de San Benito.
La autoridad realizó el anuncio tras una inspección efectuada junto a representantes del Viceministerio de Transparencia y legisladores nacionales y departamentales, quienes verificaron el estado actual de la infraestructura.
“Tenemos que evitar nuevos elefantes blancos”, afirmó Zamora, al señalar que el objetivo es establecer posibles responsabilidades sobre la millonaria inversión realizada y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La sede de Unasur fue inaugurada en 2018 durante el gobierno del expresidente Evo Morales y demandó una inversión superior a los 430 millones de bolivianos. Sin embargo, tras la pérdida de protagonismo y el debilitamiento del organismo regional, el edificio quedó prácticamente sin uso.
Debido a esta situación, la infraestructura ha sido catalogada en reiteradas ocasiones como un “elefante blanco”, al no cumplir la finalidad para la que fue construida y representar elevados costos de mantenimiento.
Durante la inspección, las autoridades evaluaron las condiciones del inmueble y analizaron posibles alternativas para darle una utilidad pública que permita aprovechar la inversión realizada.
Como antecedente, en febrero de este año se revisó un anteproyecto de ley que plantea la transferencia gratuita de la infraestructura a la Universidad Policial (Unipol), con el propósito de convertirla en un centro destinado a la formación y capacitación de efectivos policiales.
El Ministerio de Obras Públicas señaló que las investigaciones buscarán determinar si existieron irregularidades en la planificación, ejecución y administración del proyecto, además de establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente.
Las autoridades adelantaron que los resultados de las evaluaciones técnicas y jurídicas permitirán definir los siguientes pasos respecto al futuro de la infraestructura y las acciones legales que puedan derivarse del caso.
